El Consejo General de la Abogacía (CGAE) criticó al ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra por reclamar "una atención de privilegio" tras las acusaciones que le hizo el abogado José Mariano Trillo-Figueroa, que se atribuye la defensa de Jaime Giménez Arbe, 'El Solitario', y aseguró que no tiene "competencias para expedientar o sancionar" al letrado porque cualquier actuación dependería del colegio al que esté adscrito. El máximo órgano de representación de los colegios de abogados de España emitió un comunicado en el que "rechaza las palabras de cualquier político cuando lo que afirma es desmedido, no se ajusta a la verdad o reclama un trato o atención de privilegio". De esta forma, contestaba a las manifestaciones realizadas por Rodríguez Ibarra en las que indicaba que a los miembros del CGAE debería "darles vergüenza" de que un "personaje" como Trillo-Figueroa "se pasee por los juzgados y haga ruedas de prensa acusando de asesinatos a la Guardia Civil, y a su persona de encubrirlo, sin ser expulsado". El Consejo advierte a Ibarra de que "todos los ciudadanos, sean abogados, políticos o ex presidentes de comunidad autónoma, son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos". "Ni uno más ni uno menos. Si alguno de ellos se considera injuriado o calumniado puede y debe acudir a los tribunales y ejercer todos los derechos que la ley le otorga", apunta el escrito. De igual modo, lamenta "profundamente" que "con absoluto desconocimiento de la legislación y de las normas de funcionamiento específico de la Abogacía se realicen desconsideraciones y hasta imputaciones en demérito de instituciones que están cumpliendo, no sin grandes dificultades, un papel fundamental en la siempre inacabada tarea de construir el Estado de Derecho". Con respecto a Trillo-Figueroa, expresa su rechazo a "la actuación de cualquier abogado que realice acusaciones infundadas o que actúe contra el Código Deontológico de la Abogacía" y recuerda que varios colegios de abogados de España han tramitado "expedientes disciplinarios" contra el letrado y que algunos están "pendientes de trámite en vía contencioso-administrativa".
