El Consejo Consultivo de Extremadura inicia su segundo mandato, por otros cinco años, con la reelección de cuatro de sus cinco miembros, entre ellos su presidenta, Rosa Elena Muñoz, y la incorporación de la ex consejera de Presidencia Casilda Gutiérrez.
Según recoge la agencia Efe, la toma de posesión se inició con la lectura del decreto de nombramiento de los nuevos consejeros por parte del consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco. A continuación, María del Rosario Macías Martín y Rosa Elena Muñoz, los miembros designados por la Junta, juraron y prometieron el cargo, respectivamente. Posteriormente, les tocó el turno, por este orden, Alfonso Cardenal, Clemente Checa y Casilda Gutiérrez, elegidos por la Asamblea de Extremadura.
Tanto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como la presidenta del consejo destacaron el trabajo de los miembros que continúan, entre ellos Antonio Vázquez, consejero permanente, y de los que pasaron por el Consejo Consultivo durante sus cinco primeros años de vida: Romualdo Hernández Mancha, ya fallecido, Manuel Veiga y José Antonio Patrocinio, nombrado esta semana presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz.
El presidente extremeño aseguró que las formas hay que cuidarlas en democracia y, en este sentido, subrayó que el Consejo Consultivo "avala la ética y la estética" en las decisiones de gobierno. La fortaleza de la democracia y de las comunidades autónomas, que cada vez gestionan más competencias, hacen necesario, a su juicio, dotarse de más elementos que den garantía y seguridad jurídica como éste y que eran impensables en los años 80. De ahí que el Consejo Consultivo "tiene que ver con la calidad en la gestión de gobierno".
Aunque los informes del Consejo Consultivo no son legalmente vinculantes, Fernández Vara abogó porque sí lo sean desde el punto de vista "moral".
Por su parte, Rosa Elena Muñoz se inclina, para esta nueva etapa, por profundizar en la labor que viene desarrollando este órgano de consulta, que, en su opinión, ha cumplido su cometido y que se ha centrado en los números expedientes por indemnización por daños que ha abordado. Así, apostó por "dar un paso más" y no limitarse a considerar si los asuntos tratados son legales o contrarios a derecho, y ofrecer alternativas mejores de regulación y actuación administrativa, para ayudar a los gobiernos regional y locales a hacer una buena gestión, con transparencia, responsabilidad, eficacia y coherencia, unos principios, a su juicio, exigibles a los poderes públicos.
