Mantener la caza social, favorecer el negocio cinegético, simplificar la regulación de este ámbito en Extremadura y conservar el medio natural y la biodiversidad. Estas son las bases de la nueva ley de caza, cuyo proyecto se presentó ayer en la Asamblea, y en ellas coinciden los dos grupos parlamentarios con presencia en el hemiciclo. El desencuentro: por los impuestos, que el PP considera excesivamente elevados en comparación con otras comunidades. El consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, respondió que son muy bajos para los cotos sociales --en base a ese objetivo de fomentar este tipo de caza-- y añadió que, en todo caso, ese es un tema que se incluye en la ley global sobre fiscalidad que prepara la Junta y que llegará al Parlamento regional este trimestre, según anunció.

Navarro detalló en su comparecencia las novedades del proyecto legislativo, que ya explicó tras su aprobación en el Consejo de Gobierno (ver EL PERIODICO del pasado 14 de agosto). Entre ellas, destacan aspectos como que los cotos que gestionen bien la caza tendrán beneficios fiscales y prioridad para recibir subvenciones, se reduce la burocracia --por ejemplo, no será necesario recibir autorización para cada acción que se vaya a llevar a cabo, bastará con comunicarlo, siempre que esté recogida en el plan técnico de gestión-- o que desaparecen los terrenos libres.

NUEVA REGULACION Igualmente, se eliminan los cotos deportivos no locales y solo se distingue entre cotos sociales (sin ánimo de lucro y gestionados por sociedades locales de cazadores) y privados (que pueden perseguir el beneficio económico y dependen de entidades o particulares privados). "La experiencia de estos años nos ha demostrado que era una figura extraña", aseguró añadiendo que "chirriaba entre el coto local y privado". Por ello, a partir de ahora pasarán a ser privados, si bien los impuestos que deberán pagar dependerán de sus condiciones.

Precisamente, el tema de la fiscalidad fue el más criticado por Laureano León, que se encargó de exponer la postura del Grupo Popular sobre el proyecto de la ley de caza. Tras criticar su retraso, León se mostró en general favorable a la aprobación --una vez se introduzcan algunas "mejoras"-- de la nueva legislación, que consideró muy necesaria, pero criticó que no se haga una verdadera apuesta por fomentar el desarrollo económico de la actividad cinegética, manteniendo impuestos "excesivos" y muy por encima de los de comunidades limítrofes. Como ejemplo, aseguró que un aprovechamiento cinegético del mismo tamaño debe pagar 12.592 euros en Extremadura frente a 737 en Andalucía.

En respuesta y a pesar de que se remitió a la futura ley de medidas fiscales (que llegará este trimestre a la Asamblea, dijo), Navarro aseguró que dicho coto --para el que estimó un tamaño de unas 1.500 hectáreas--, de ser de carácter social, pagaría 150 euros en Extremadura, lo que a su juicio demuestra la apuesta por ese tipo de caza. Finalmente, la tramitación del proyecto fue aprobado con el apoyo de los dos grupos, al igual que ocurrió después con el de la responsabilidad social de las empresas.