Tanto desde el comité de empresa de Río Narcea, como desde el Ayuntamiento de Monesterio se mostraron ayer satisfechos por el consenso alcanzado entre todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados en la aprobación de la proposición no de ley, que conmina al Gobierno a acelerar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina para su explotación subterránea, que conllevaría el mantenimiento de los puestos de trabajo durante el periodo útil de la mina y evitaría la precipitada clausura.
Eloy Sánchez, presidente del comité de empresa señaló que los trabajadores han acogido esta decisión con "bastante esperanza". Se trata, manifiesta Sánchez, de "un paso más para conseguir el objetivo de que Aguablanca no se cierre". En este contexto, el representante de los trabajadores considera esencial la unidad de todos los grupo políticos ante este conflicto, "como único camino válido" para conseguir el objetivo marcado desde el principio. Esta decisión, explica Sánchez, "ratifica y da la razón a quienes desde el principio creímos en la viabilidad de este proyecto".
De manera muy satisfactoria se acogió también esta decisión desde de los ayuntamientos afectados por el cierre de Aguablanca. Antonio Garrote, alcalde de Monesterio, considera todo un éxito que esta reclamación haya llegado al más alto estamento político del país, y además se haya aprobado "siguiendo la línea de consenso que iniciamos en los ayuntamientos", y que después hicieron suya diputaciones, la Asamblea de Extremadura, y ahora el Congreso de los Diputados.
En cuanto a la petición al Gobierno para que la DIA esté resuelta antes de que finalice abril, tanto el alcalde como el presidente del comité de empresa mostraron ayer su satisfacción por esta decisión, "que pese a que llega tarde", supondrá que "alguna empresa pueda interesarse" por los recursos mineros existentes, y así "poder prolongar la vida de la mina". Eloy Sánchez reveló que tal y como se comprometieron en su día, las administraciones regionales extremeña y andaluza "están manteniendo contactos con empresas de la zona", que podrían estar interesadas en la explotación. Por el momento se desconoce quiénes son estas compañías y cuáles sus propuestas. "Es momento de dejar trabajar a las administraciones", concluye.
