El Consorcio Extremeño de Atención al Consumidor tramitó 4.661 expedientes en 2009, un año en el que se presentaron 1.332 solicitudes de arbitraje y en el que se realizaron 3.049 inspecciones, según los datos facilitados por la directora general del Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEx), Ana María Guerra.
Según la agencia Efe, Guerra comparece en la Comisión de Cooperación Internacional, Comunicación y Consumo de la Asamblea de Extremadura para informar, a petición propia, sobre sus líneas generales de actuación.
En su intervención, se compromete a llevar las políticas de consumo a todo el territorio extremeño y, en este sentido, ensalza la creación del Consorcio Extremeño de Atención al Consumidor como instrumento para llegar a los municipios más pequeños.
También destaca que gracias a esta entidad "se consigue un mayor acercamiento al ciudadano" y como prueba de su labor ha precisado que el año pasado abrió 4.661 expedientes, de los 3.520 eran reclamaciones -mayoritariamente referidas al sector eléctrico y la telefonía-, 1.041 consultas, 63 quejas y 37 denuncias.
Guerra subraya que se potenciarán los sistemas de mediación por ser un instrumento "ágil" y "eficaz" para la resolución de conflictos por vía extrajudicial y que el "reto" es hacer este sistema sostenible desde el punto de vista económico, para lo que se potenciará su procedimiento electrónico.
La directora general precisa que en 2009 se presentaron 1.332 solicitudes de arbitraje, de las que 356 fueron archivadas y 566 resueltas, de estas últimas, 127 por mediación y 439 mediante laudo.
Además, resalta las 3.049 inspecciones realizadas en el ejercicio pasado, de las que 748 conllevaron la apertura de un expediente sancionador, así como las 2.835 investigaciones desarrolladas.
Por el Grupo Popular, la diputada Felisa Cepeda lamenta que la llegada de Ana María Guerra al INCOEx, en sustitución de Pedro García Ramos, haya estado marcada por el "continuismo", y le insta a cumplir los compromisos asumidos para que las expectativas generadas con la creación de este ente público se vean cumplidas.
Así, le reclama un plan integral de educación, con especial incidencia en la infancia, para formar consumidores críticos, y le solicita también agilidad legislativa porque la anunciada Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de la Telefonía Móvil se ha "estancado".
A este respecto, la directora general apunta que se está resolviendo algunas cuestiones "de índole competencial" de modo que, una vez aclaradas, el texto será remitido a la Asamblea para su tramitación.
Por el Grupo Socialista, Eva María Martín ensalza la labor del INCOEx para garantizar una protección "mucho más efectiva" de los consumidores y ha aclarado que su preocupación "no es la persona que está al frente del instituto, sino las políticas que se desarrollan".
