El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra ocho apartados de la reforma de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura aprobada hace un año. El Ejecutivo central considera que estos puntos contravienen principios constitucionales o colisionan con la legislación nacional.
El anuncio de la admisión a trámite se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. En concreto el recurso afecta a los apartados cuatro, cinco, siete, 13, 14, 15, 30 y 48 del artículo único que contiene esta reforma. Estos puntos hacen referencia a la regla que niega el derecho a la indemnización y al recurso en determinadas operaciones urbanísticas, a las actuaciones de dotación, al aprovechamiento preexistente y a la entrega de terrenos a la administración.
Esta decisión supone la suspensión de la vigencia --y por tanto también de la aplicación-- de los preceptos impugnados.
El Gobierno aprobó en julio la presentación de este recurso, al agotarse el plazo legal para interponer el recurso y ante la posibilidad de que no fructificasen las negociaciones que hasta entonces había mantenido con la Junta de Extremadura para esclarecer el contenido polémico de esta reforma. Estos contactos prácticamente se han paralizado tras el cambio de gobierno en la región. De hecho, desde el Ministerio de Fomento confirman que no se ha producido ningún tipo de avance desde que el PP y José Antonio Monago tomaron posesión de la presidencia de la Junta.
CONFIANZA EN EL ACUERDO
En este sentido, el consejero de Fomento, Víctor del Moral, mostró ayer confianza en que pueda alcanzarse un acuerdo extrajudicial entre las dos partes que evite el pronunciamiento del Constitucional. Del Moral dijo estar "abierto" a celebrar encuentros con el ministerio que permitan aclarar los puntos conflictivos y retirar el recurso.
En esta misma línea se pronunció el PSOE extremeño, que ostentaba el gobierno de la Junta cuando se aprobó la reforma y cuando se iniciaron los contactos para esclarecer su contenido. El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Valentín García, señaló que el recurso se refiere a "aspectos técnicos" y defendió que el texto "es plenamente constitucional". Bajo su punto de vista, la discordia nace de una cuestión de interpretación, ya que considera que hay preceptos urbanísticos y sobre especulación en la normativa nacional que no pueden aplicarse bajo los mismos criterios en zonas costeras y en áreas rurales.
