El Tribunal Constitucional (TC) avala el impuesto extremeño sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, más conocido como la ecotasa (que pagan las eléctricas), con una sentencia favorable al mismo, según anunció ayer la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, que aseguró se trata de «una buena noticia», que supone «un alivio a la hacienda pública» y que demuestra que «la Junta lo hizo bien» cuando lo estableció. No en vano, esta sentencia librará al Ejecutivo regional a devolver casi 700 millones de euros a las compañías eléctricas que recurrieron el impuesto desde su puesta en marcha al considerarlo inconstitucional, que reclamaban esa cantidad. A este respecto, el PP recordó ayer que la propia sentencia dice que el impuesto ya se había devengado en el año 2012 gracias a la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas con la entrada en vigor de la ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, impulsada por el Gobierno de Monago.
El impuesto grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura ocasiona la realización de las actividades que constituyen el hecho imponible, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta y a frenar el deterioro del entorno natural.
«Es una sentencia largamente esperada», que «confirma que se ha hecho un ejercicio responsable de la autonomía fiscal» por parte de la Junta, que fue «pionera en la fiscalidad verde», insistió la consejera. «Es un espaldarazo a un modelo que encuentra en la fiscalidad verde un referente», comentó.
En concreto, el Supremo ha avalado la constitucionalidad del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma en materia de tributos propios. Según preció ayer el Ejecutivo autonómico, respalda el impuesto extremeño de instalaciones que inciden en el medio ambiente desde el ejercicio 2010 en adelante. Como consecuencia, exime a la Administración regional de devolver lo recaudado desde entonces con cargo a este tributo, más de 670 millones de euros, según los datos de la Junta.
El fallo del Tribunal Constitucional, destacó, es una confirmación de que Extremadura ha hecho un ejercicio responsable de su autonomía fiscal en su afán de que las grandes empresas que obtienen beneficios en la región contribuyan también al sostenimiento de los servicios públicos fundamentales.
LA JUNTA RECAUDARÁ SIEMPRE // «La Junta lo ha hecho bien, con arreglo a la Constitución y con una finalidad de protección del medio ambiente», a través de este tributo propio basado en la proporcionalidad, subrayó.
Blanco-Morales recordó que el Gobierno regional recauda este tributo ya que está vigente y aclaró que la Administración autonómica tiene una hacienda pública que funciona con el criterio de caja única, al que van todos los tributos y que luego se distribuyen en la ley de presupuestos.
«Los impuestos no se pueden desmembrar», la caja de la Junta «funciona como la caja de una casa», precisó. En cualquier caso, matizó, si el Gobierno central estableciera un impuesto similar, Extremadura no dejaría de recaudarlo porque el Ejecutivo nacional debería compensar en tal caso a la región por tener establecido un tributo anterior y no poderse gravar dos veces un mismo hecho.
Por ello, Blanco-Morales reiteró que la Junta «lo ha hecho con arreglo a la Constitución y lo ha hecho con una finalidad, como en este caso, de protección del medioambiente, y además con un criterio de proporcionalidad».
Desde las filas del PP, Cristina Teniente insistió ayer en que «no es razonable que se presuma de haberlo hecho bien cuando el cambio que ha provocado ahora esta sentencia viene de la modificación de 2012 hecha por el Gobierno anterior», pero resaltó que «afortunadamente para Extremadura es una sentencia que da luz a este impuesto».
