El Tribunal Constitucional (TC) avala el impuesto extremeño sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, más conocido como la ecotasa (que pagan las eléctricas), con una sentencia favorable al mismo, según ha anunciado este mediodía la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, que ha asegurado que se trata de "una buena noticia", que supone "un alivio a la hacienda pública" y que demuestra que "la Junta lo ha hecho bien" cuando lo estableció.
El Impuesto grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura ocasiona la realización de las actividades que constituyen el hecho imponible, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta y a frenar el deterioro del entorno natural.
"Es una sentencia largamente esperada", que "confirma que se ha hecho un ejercicio responsable de la autonomía fiscal" por parte de la Junta, que ha sido "pionera en la fiscalidad verde", ha insistido.
670 millones de euros
La decisión del Tribunal Consitucional exime a la Junta de hacer frente a reclamaciones de más de 670 millones de euros, según informa la agencia Efe.
"Es un espaldarazo a un modelo fiscal que encuentra en la fiscalidad verde un referente", ha manifestado la vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales
En concreto, el TC ha avalado la constitucionalidad del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma en materia de tributos propios.
Según ha precisado la Junta, respalda el impuesto extremeño de instalaciones que inciden en el medio ambiente desde el ejercicio 2010 en adelante.
Como consecuencia, exime a la Administración regional de devolver lo recaudado desde entonces con cargo a este tributo, más de 670 millones de euros.
El fallo del TC, ha destacado Blanco-Morales, es una confirmación de que Extremadura ha realizado un "ejercicio responsable" de su autonomía fiscal en su afán de que las grandes empresas que obtienen beneficios en la región contribuyan también al sostenimiento de los servicios públicos fundamentales.
"La Junta lo ha hecho bien, con arreglo a la Constitución y con una finalidad de protección del medio ambiente", a través de este tributo propio basado en la "proporcionalidad", ha añadido.
Ha reconocido además que el fallo del TC supone un "alivio" a la hacienda autonómica y ha insistido en la importancia "cualitativa" de esta decisión.
Ha explicado además que cuando Extremadura ha creado impuestos propios lo ha hecho buscando hechos imponibles que aún no estuvieran gravados, y con criterios fiscales y "extrafiscales", en este caso la protección del medio ambiente.
