El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que suspende uno de los principales artículos de la Ley de Atención Farmacéutica de Extremadura, aprobada en 1996 por el Parlamento regional. La sentencia, que fue hecha pública ayer, señala que en el momento en que se aprobó dicha norma no era inconstitucional, aunque sí incurrió en dicha falta un año después a raíz de la aprobación de la ley estatal que regula los servicios farmacéuticos, lo que también es aplicable a una norma similar de Castilla-La Mancha.

En concreto el Constitucional entiende que la Junta no tiene capacidad para impedir la transmisión de las oficinas de farmacias puesto que se trata de un concepto considerado básico en la ley estatal. Aún así, el tribunal señala que atendiendo a dicha ley la Junta sí que tiene capacidad legal para limitar y regular las condiciones de dichas transmisiones.

Además, la sentencia avala el resto de los artículos que hace casi siete años fueron recurridos por el Gobierno central. Así, tal y como preveía la norma regional --que se venía aplicando hasta ahora en su integridad-- la oficina de farmacia, considerada como una autorización administrativa, tiene caducidad. De esta forma deja de tener valor cuando el titular de la oficina cumple 70 años o cuando muere, sin que se trate de un derecho hereditario.

VOTO PARTICULAR

Por otra parte, el magistrado Pablo García ha presentado un voto particular a la sentencia en el que señala que la transmisibilidad no debe ser considerada como un derecho básico, por lo que cree que los textos extremeño y castellanomanchego son constitucionales en su totalidad.

El consejero de Sanidad y Consumo, Guillermo Fernández Vara, aseguró que el fallo del Constitucional no debe interpretarse en clave "de vencedores y vencidos", al tiempo que mostró su satisfacción porque el texto recoge "el espíritu de la ley", es decir, que la farmacia no es un bien personal.

Tras la sentencia la Junta reformará en otoño la ley para regular las transmisiones de farmacias, ya que ahora queda un vacío legal en este sentido. Vara avanzó que se van a buscar fórmulas para que este proceso se realice a través de concursos públicos y con justiprecio.

Por su parte, los colegios farmacéuticos extremeños creen que el tribunal establece "la igualdad del ejercicio de los farmacéuticos en toda España" y se ponen a disposición de la Junta para negociar la reforma legal.