Distintas asociaciones del medio rural extremeño han constituido en Trujillo la plataforma Extremadura Vaciada, vinculada a la de ámbito nacional, para luchar contra la despoblación y el mantenimiento de los servicios en los pueblos de la comunidad autónoma.

En el documento fundacional del nuevo colectivo, se pone de relieve que la Constitución Española y los Tratados de la Unión Europea mandatan al Gobierno de España para que su actuación se encamine a alcanzar el necesario nivel de equilibrio económico y de cohesión territorial entre las diversas partes del territorio español.

Se trata, según indican, de atender especialmente a regiones rurales sometidas a desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, además "de las creadas por el flagrante incumplimiento de estos principios durante décadas".

Por ello, las entidades que conforman Extremadura Vaciada, preocupadas por "la crisis funcional del medio rural que amenaza con hacer inviable gran parte del territorio extremeño en términos sociales, económicos y demográficos", exigen a las administraciones central y autonómica reformular las actuales políticas de equilibrio y cohesión territorial.

En ese sentido, plantean la definición de zonas despobladas, la redistribución de fondos con carácter finalista y los necesarios mecanismos de control, además de crear una red de agencias de desarrollo territorial al amparo de una Ley 45/07 de 13 de diciembre de Desarrollo Sostenible del Medio Rural reactivada.

Proponen, igualmente, impulsar la actividad económica, aligerar las cargas administrativas y legislativas, modificar la política impositiva e incentivar la modernización de la economía y la capacitación profesional en un marco de economía social adaptado a la realidad rural y que fomente la Responsabilidad Social Corporativa Territorial.

Extremadura Vaciada cree necesario también priorizar la ejecución de las infraestructuras pendientes y de las telecomunicaciones para lograr el acceso de las zonas despobladas a los servicios básicos, la red viaria convencional y la de alta capacidad, y la conectividad en las telecomunicaciones.

Asimismo, aboga por mejorar los servicios a la población y la vivienda mediante una cartera de servicios públicos rurales, la adecuada financiación del gasto social, los incentivos profesionales para ejercer en zonas desfavorecidas, y garantizando la seguridad de la población.

Finalmente, plantea que se debe impulsar una imagen positiva del medio rural como ambiente propicio para el emprendimiento a través de la implicación decidida de la Universidad de Extremadura y los centros de I+D para cubrir la demanda de conocimiento y acción planteada desde los municipios.