El diputado de IU Víctor Casco en la Comisión de Administración Pública del Parlamento regional ha preguntado al director gerente, Óscar García, si se están creando nuevos contratos de alta dirección en las empresas públicas del Gobierno extremeño con cláusulas de indemnización por rescisión, a lo que García le ha contestado en negativo.
Según ha explicado, las medidas adoptadas para racionalizar el gasto han afectado también a las retribuciones de estos directivos, de modo que en sus contratos no existen cláusulas indemnizatorias.
La indemnización, en caso de proceder, se establecerá en función del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y que fija una indemnización de siete días de salario por año de servicio con un límite de seis mensualidades.
A ello ha sumado que se ha acometido una rebaja "sustancial" en sus retribuciones y como prueba ha señalado que mientras que un responsable de una de las sociedades participadas cobraba entre 59.000 y 69.000 euros anuales durante la etapa socialista, su equivalente en la actualidad, el jefe de área, percibirá 42.000 euros.
Respecto a los criterios de selección de este personal, ha indicado que ha sido la capacidad de cada uno de estos trabajadores, avalada por su experiencia y formación previa.
En esta misma comisión parlamentaria se ha debatido también sobre los servidores informáticos de la Junta, a raíz de una pregunta del diputado socialista Alfredo Escribano sobre el periodo de tiempo que conllevará la aplicación de medidas para el ahorro de 200 millones de euros en esta materia.
En respuesta, el director general de Administración Electrónica, Teodomiro Cayetano, ha precisado que se prevé un ahorro de entre 100 y 200 millones de euros con un proyecto de reordenación y optimización de los recursos tecnológicos de la Junta.
Para ello se acometerán dos actuaciones principales, entre ellas la unificación de la autoridad de gestión en su persona, frente al modelo anterior, que ha tildado de "estanco" porque cada consejería tenía su propio servicio informático, con sus propias inversiones y con las consiguientes "duplicidades".
La segunda medida será el cambio del modelo organizativo al denominado "computación en la nube", que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet y que es recomendado por la Unión Europea.
No obstante, el director general ha apuntado que el ahorro que se conseguirá con este proyecto -cuyas medidas de mayor calado se aplicarán a principios de 2012- no se conocerán hasta principios del año 2015 porque, desde un punto de vista profesional, es difícil abordarlo en menos de cuatro años.
El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado, ha intervenido también en esta sesión para responder a una pregunta del PSOE sobre los sistemas de control de la calidad en la Administración autonómica.
En su intervención, ha señalado que no usarán los sistemas de certificación externa, dado que suponen un gasto que él no va a asumir y porque es una función que desarrolla la Inspección de Servicios, que "se ha reforzado".
A ello ha sumado que "la calidad en la Administración es una cuestión de cumplimiento del principio de legalidad", que obliga a las instituciones a ser eficaces, ágiles en la tramitación, cumplir unos determinados plazos y ser cercanas a los ciudadanos.
