La plataforma ciudadana contra la mina de uranio de Sierra Suroeste ha convocado una concentración para el próximo martes, 13 de octubre, en contra de la decisión judicial que rechaza la anulación del permiso de investigación otorgado a la empresa y por tanto da vía libre a los promotores del proyecto para poner en marcha la actividad que recoge el permiso denominado ‘Ansar’. Han solicitado permiso a la Delegación del Gobierno para llevarla a cabo en Zahínos a las 19.00 horas del día 13.
La protesta pretende visibilizar el malestar generado ante lo que consideran una situación de «indefensión», después de que, según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dictara una providencia el pasado mes de febrero, en la que se comunicaba a las partes interesadas que se tendrían en cuenta todos los recursos interpuestos a la hora de resolver con el fin de evitar sentencias contradictorias.
La acumulación la habían solicitado tanto el Ayuntamiento de Zahínos, por un lado, como la Junta de Extremadura, por otro. En esa providencia se rechazaban las peticiones de ambos y se informaba de que no se aunarían en un único procedimiento los distintos procesos, según explican. Hay que recordar que, además de la demanda interpuesta por la empresa Qbis Reosurces contra la Junta de , sobre la que se acaba de pronunciar el TSJEx, hay otros abiertos a raíz de los recursos de los ayuntamientos de Villanueva del Fresno, Oliva de la Frontera, Zahínos, Higuera de Vargas, colectivos ciudadanos y los responsables de Cabra Alta, la finca sobre la que se asienta el proyecto.
Como ya ha informado este diario, el fallo dictado el pasado 29 de septiembre por el TSJEx devuelve las actuaciones al momento en el que la Junta de Extremadura otorgó a la empresa el permiso de investigación sobre 286 cuadrículas mineras en la zona de la finca de Cabra Alta. El permiso vuelve a estar vigente tras la decisión judicial aunque la Abogacía de la Junta de Extremadura está estudiando si recurrirá ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Lo servicios jurídicos analizan la apreciación que introduce el TSJEx en cuanto a que la decisión de anular el permiso no contó con suficiente justificación técnica.
