Las diputaciones extremeñas mantienen uniformidad de criterios y se manifiestan en contra del último compromiso alcanzado por PSOE y Ciudadanos, en el marco de las negociaciones para formar Gobierno nacional, de eliminar estas instituciones para sustituirlas por consejos provinciales de alcaldes. En ese sentido, la presidenta de la insitución provincial en Cáceres, la socialista Charo Cordero, manifestó ayer que este acuerdo "es un desprecio al mundo rural" y va encaminado a "destrozarlo". En ese sentido, aseguró que la propuesta está hecha desde "el desconocimiento" y lamentó que "no se les haya tenido en cuenta".

Según recoge la agencia Efe, Cordero señaló que para provincias como Cáceres, con el 70% de los municipios con menos de 1.000 habitantes, esta medida "atentaría de una manera muy dura al mundo rural".

Por otra parte, el portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, también se pronunció al respecto y apuntó que ese pacto "es una amenaza a la existencia de los pueblos pequeños en nuestro país", recordó que las diputaciones no suponen ningún problema financiero para España y advirtió de que si se suprimen los servicios que prestan deberán asumirlo otras administraciones.

En cuanto a las reacciones del responsable de la diputación pacense, Miguel Angel Gallardo, aseveró la propuesta de suprimir los organismos provinciales "traería como consecuencia la desaparición del mundo rural tal y como lo entendemos", aunque aclaró que "hay que ser cauto" con respecto a la noticia. "Han servido como equilibrador entre el mundo urbano y el rural", aseveró Gallardo.

En ese sentido, apostilló que "la desaparición de las diputaciones daría lugar a un modelo injusto, un modelo antiguo, que nos empobrecería" y manifestó que mucha ciudadanía ha continuado viviendo en los pueblos "porque tienen los servicios garantizados gracias a las diputaciones provinciales". A su vez, Gallardo también desestimó la posibilidad de integrar los servicios que ahora presta el organismo provincial en otras administraciones. "La problemática de las comunidades autónomas es diferente. Respecto a las mancomunidades, habría que multiplicar su número por diez", concluyó Gallardo.