Casi cuatro años después de que el Juzgado de Jerez de los Caballeros abriera diligencias de investigación contra el exdirigente agrario Luis Cortés Isidro por el presunto fraude del higo seco, la instrucción se ha concluido. La Fiscalía de Badajoz y las acusaciones particulares --actúan como tal la Sociedad Cooperativa Iniciativa Rural y un numeroso grupo de agricultores-- han presentado sus escritos de conclusiones y se está ya tan solo a la espera de que se fije la fecha para la celebración del juicio en la Audiencia de Badajoz.
En esta causa, la segunda cuya investigación se ha finalizado de las cuatro que contra Luis Cortés hay abiertas en diferentes tribunales de la región, el exdirigente agrario está acusado de delitos de estafa, administración desleal, falsedad documental y delitos societarios; y se enfrenta por ellos a penas de entre 21 años de prisión, que pide el Ministerio Fiscal, y los 133 que pide la acusación particular que representa a los agricultores presuntamente estafados.
Junto a él se sentarán en el banquillo de los acusados otras 16 personas a las que se acusa de diferentes delitos, en distinto número según su grado de participación en el presunto fraude. Entre ellos figuran, además de los dos hermanos de Cortés, extrabajadores y miembros de COAG, directivos de entidades bancarias y un funcionario autonómico. Para ellos solicita el fiscal penas que oscilan entre 2 años y medio y 12 años de prisión, y las acusaciones penas que van de los 6 a los 56 años.
LOS HECHOS. Además de las penas de prisión y la imposición de multas de diferentes cuantías a cada uno de los acusados, como responsabilidad civil el fiscal solicita que, de modo conjunto y solidario, los acusados indemnicen a los productores de higos --agricultores a los que presuntamente no se pagaron los higos que aportaron-- con 225.976,75 euros, "más las cantidades que se determine en ejecución de sentencia por los higos adquiridos y no satisfechos"..
El fiscal de Badajoz encargado de esta causa, Diego Yebra, hace un exhaustivo y amplio relato de los hechos por los que se acusa a Cortés y al resto de los imputados. En un total de 34 folios recoge cómo en mayo del 2001 la Cooperativa Iniciativa Rural, de la que Luis Cortés era secretario general, solicitó convertirse en organismo almacenador de higos secos, al ser este el modo de conseguir la subvención de la UE por los kilos de higos almacenados. Pero el fiscal le acusa de crear el organismo falsificando la firma de quien figuraba como presidente de dicha cooperativa.
Recoge también entre otros hechos, cómo se presionó a los agricultores para que se hiciesen socios de Iniciativa Rural; como esta cooperativa recogió casi 390.000 kilos de higos en un almacén de Salvatierra procedentes de 276 productores a los que nunca se abonó pese a que Luis Cortés, según señala el fiscal, los vendió a diversos clientes como pienso para animales por 35.389 euros; y cómo se instó a los agricultores a realizar una operación bancaria ficticia, ingresando en el banco el dinero que les hubiera correspondido por los higos vendidos, y que se le reintegraba al agricultor en el mismo momento indicándoles los empleados de los bancos que esa era la única forma de cobrar las subvenciones de los higos que tenían pendientes. De este modo "se creaban facturas ficticias que debían servir para certificar que se habían pagado los higos", al ser esta una condición para que la UE abone la subvención.
Son estas algunas de la larga lista de irregularidades en la gestión de Iniciativa Rural de las que se acusa a Luis Cortés y los otros 16 imputados en el proceso de Jerez de los Caballeros.
