El responsable de los servicios técnicos de La Unión Extremadura, Luis Cortés, aseveró que quiere que se juzgue y no que se archive, como ha ocurrido, el caso que investigaba un presunto delito de fraude en las subvenciones para cursos de formación por parte de COAG Extremadura, cuando él dirigía esta organización.

Transcurridos once años desde que empezara el procedimiento, «algún día tendría que prescribir», indicó ayer.

Cortés piensa que no había delito, pero la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha recurrido y ahora la Audiencia Nacional decidirá lo que corresponda. «A mí se me detuvo en 2005 y no es justicia que me tengan once años con medidas provisionales por una circunstancia que no se ha podido demostrar», denunció aludiendo a cómo eso le ha «afectado negativamente» a pesar de que «no hay argumentos», en esta causa. H