Una «oportuna rectificación» incluida en el DOE un día antes de que se inicie la temporada de caza mayor ha reabierto la oportunidad de diálogo entre la Junta y el sector de la caza. Al enfrentamiento de hace un año por las tuberculosis bovina, siguió el entendimiento entre el sector y la administración en busca de una solución al problema, que se rompió hace tres semanas, cuando se publicó el decreto que regula la recogida de las vísceras de los animales abatidos en las acciones cinegéticas, generando el enfado de los cazadores.

La Mesa de la Caza tachó de «traición» a la Consejería de Medio Ambiente, rural y Políticas Agrarias porque consideraban que se había modificado el texto consensuado inicialmente y que el articulado final iba a dar a traste con algunas de las modalidades de caza como los aguardos, recechos o esperas.

La cuestión es que se unificaba para todas las modalidades los requisitos para desprenderse de los restos en las zonas de especial incidencia de la tuberculosis, que básicamente consistían en contar con servicios especializados en el transporte de estos restos o bien muladares. Sin embargo mientras que en una montería se abaten gran cantidad de piezas, según advertían desde el sector, en aguardos, esperas o rondas, no siempre se abaten piezas y, tal y como estaba redactado, debían contar igualmente con un servicio especializado para deshacerse de las vísceras: un desembolso mínimo de 150 euros.

El cambio se ha introducido en el artículo 5 y afecta a la retirada de estos restos en los cotos sociales para recechos, aguardos y rondas. Se incluye ahora la opción de que en estos casos puedan ser reutilizados como aporte para la alimentación de aves necrófagas o bien que se eliminen mediante enterramiento in situ, inmediatamente después de la actividad cinegética.

Para la mesa de la caza «es un paso en la dirección correcta» y algo «muy positivo para los cotos sociales», aunque también lo ven «un paso insuficiente que, además, supone que en la práctica el estado sanitario de la caza se defina por la categoría del coto», subrayan. Cuestionan que la modificación no se haya hecho extensible a los cotos privados, donde se mantiene la obligación de trasladar esos restos a plantas autorizadas o de construir muladares o comederos fijos en las fincas para llevar las vísceras de manera inmediata. Lmentan además que la decisón genera «una distinción de tipo sanitario que divide la región en dos partes según la titularidad de los cotos: un 48% del terreno de caza de Extremadura corresponde a cotos sociales y el 52% a cotos privados. H