El sector del cava vive momentos convulsos que están sacudiendo a los agricultores (en especial en Extremadura por la caída de los precios) a los productores (por los excedentes acumulados tras una de las campañas más abundantes el año pasado) y a la propia denominación de origen, que se enfrenta además al reciente anuncio algunas de las bodegas con más renombre de constituir un sello nuevo propio (una DO alternativa) vinculada a los productores de la comarca catalana del Penedés, porque quieren distinguir la calidad de sus productos y marcar distancias también con los demás cavas amparados por la DO, entre los que hay caldos de siete regiones.

La circunstancia especial de esta DO, que excede los límites de una comunidad autónoma, y el hecho de que a pesar de que hay siete regiones dentro de este órgano una domina porque concentra el 90% de la producción (Cataluña), ha generado no pocas tensiones, en los últimos años, ligadas a la autorización o no del incremento de la superficie de cultivo. Las posiciones estaban enfrentadas entre las regiones que planteaban que se permitiera aumentar los terrenos destinados a cava, como Extremadura (la UE autoriza a hacerlo hasta un límite máximo) y el consejo regulador de la DO, que siempre se ha mostrado contrario al incremento con el argumento de que la cantidad podría ir en detrimento de la calidad y de que la superficie autorizada hasta entonces era suficiente para atender las necesidades del mercado.

El año pasado, por ejemplo, el incremento autorizado por el Ministerio de Agricultura fue de un 0,1%, en contra del criterio del consejo regulador, que rechazaba aumentar la superficie de cultivo y por debajo de las demandas de Extremadura que, según un estudio científico de la UEx, tiene potencial para aumentar entre 700 y 900 hectáreas la superficie de cultivo de viñedo para cava.