La Confederación Empresarial Extremeña (Creex) lamenta que el Gobierno modifique la reforma laboral «sin diálogo social, con falsas excusas y sin analizar el impacto de la medida» de eliminar el despido por acumular bajas médicas. En una nota, la patronal extremeña criticó ayer la decisión del Gobierno «de recurrir de nuevo al decretazo» para derogar ayer en Consejo de Ministros el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, concebido «para luchar contra el absentismo laboral». «Poco ha durado la voluntad manifestada por el Gobierno de consensuar con los agentes económicos y sociales las medidas», subrayó el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

En su opinión, el Ejecutivo «emprende este camino con una falsa excusa, que el artículo vulnera derechos fundamentales, una situación que no se sostiene, pues el propio Tribunal Constitucional (TC) lo ha avalado». Peinado aseguró que «contra lo transmitido a la opinión pública», este artículo «no faculta al empresario a despedir porque un trabajador enferme». «Deben darse una serie de condicionantes añadidos, como bajas reiteradas e intermitentes en periodos de dos meses y en el ejercicio anterior, o que no sea enfermedad o accidente laboral, ni secuelas de tratamientos por enfermedad grave, entre otros», precisó.

El secretario general de la Creex incidió en que las organizaciones empresariales «siempre se han mostrado dispuestas al diálogo, a mejorar, a introducir más garantías si se precisan y a que se modifique el sistema sanitario para agilizar las altas y las esperas para pruebas diagnósticas».

Sin embargo, las empresas han recibido a cambio un nuevo «decretazo», reiteró. Peinado afirmó que se abre además una vía «muy peligrosa» para la seguridad jurídica en la creación y mantenimiento del empleo. «En este sentido, el Gobierno ya ha puesto la mira en otros aspectos de la reforma laboral y vistos los precedentes las empresas se temen lo peor», manifestó.

Entre estos aspectos figura la eliminación de la prórroga limitada de los convenios, lo cual, en su opinión, desequilibrará «la negociación colectiva, puesto que prorrogar sine die un texto caducado resta capacidad de adaptación a las empresas, y lo deja todo en manos de la otra parte, que puede bloquear la renovación de convenios indefinidamente».