La crisis nos afecta a todos

El porcentaje del presupuesto que se destina a la justicia hace sonreír incluso al más cauto. La crisis nos afecta a todos y muy particularmente a la administración de justicia. Ahí están las estadísticas. Como el algodón, no engañan. Desde el mes de septiembre de 2008 se ha producido un aumento muy significativo en el número de procesos civiles (reclamaciones de deudas, desahucios, ejecuciones de hipotecas y préstamos personales, concursos de acreedores-) y laborales (despidos, impagos de salarios-) lo que se ve reflejado en la estadística judicial. Sólo en el Juzgado decano de Cáceres en el primer trimestre del año 2009 se han registrado un 52% más de procesos civiles que en el mismo trimestre del año 2008. El actual número de juzgados es incapaz de absorber la avalancha de expedientes. El mismo número de jueces para un 50% más de procesos. Y cada uno de los jueces y tribunales extremeños ha resuelto una media de más de 1.700 asuntos en un año. Llegará un momento que los procedimientos se acumulen en la mesas de los funcionarios ante la imposibilidad de sacar adelante el ímprobo trabajo que pesa sobre los Juzgados. La administración decide en época de crisis cuales son las prioridades en la inversión de sus recursos económicos escasos. La política presupuestaria puede mirar hacia los juzgados y tribunales o, como se ha hecho hasta ahora y en los últimos 30 años, mirar a otro lado. En los juzgados no están los votos. Desde luego, si una de esas prioridades no es la justicia vamos al colapso. No debemos olvidar que el Estado está obligado a garantizar el cumplimiento eficaz y rápido de la ley, porque una justicia tardía no es justicia. La Justicia es garantía de la paz social. La solución rápida y eficaz de los conflictos ante los tribunales evita que los ciudadanos puedan tomarse la Justicia por su mano. Si los responsables políticos no adoptan soluciones drásticas y urgentes, el conflicto está servido.