La crisis parece haber dado al traste con los avances que los cambios normativos habían provocado en el que es uno de los grandes problemas de las comunidades de vecinos: la morosidad. Según un estudio realizado por la Asociación para el Fomento del Alquiler y el Acceso a la Vivienda (Arrenta), casi el 20% de las comunidades de propietarios de la región tienen hoy problemas de pago con alguno de los inquilinos del edificio. En el 2009 eran apenas el 15%, pese a que desde entró en vigor la Ley de Propiedad Horizontal --hace una década-- los casos se habían reducido ostensiblemente.
No solo bancos y empresas están sufriendo el aumento de los impagos debido a la crisis. El problema se ha trasladado también a los hogares y, en concreto, a las comunidades de vecinos. De hecho, Cada vez hay más edificios con deudas y dificultades para acometer las actuaciones necesarias de mantenimiento y mejora ante la falta de liquidez que origina esta morosidad. "En estas circunstancias los vecinos que están asumiendo todo el coste necesitan con mayor premura resolver el problema, porque la carga es muy alta y se arriesgan a no poder afrontarla y a convertirse a su vez en morosos", explica Carlos Ruiz, gerente de Arrenta.
Extremadura se encuentra, a nivel nacional, en una posición intermedia por incidencia de este tipo de impagos. Estos casos son más frecuentes en regiones como Aragón, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, donde el porcentaje de edificios con uno o varios vecinos morosos supera el 20%. El dato extremeño es de problemas en el 19,4% de las comunidades de vecinos. Pero la tendencia al alza es generalizada y se produce en todas y cada una de las regiones españolas.
En este sentido los impagos se han convertido en el principal problema de las comunidades de propietarios. Si en el 2009 era causa del 58% de las reclamaciones en fincas, en el 2010 estaba detrás del 66% de los procesos, de acuerdo con los datos facilitados por Arrenta. Por contra, descienden los casos de conflictos por obras y reformas no consentidas o con las que no se está de acuerdo (20%); por disputas sobre qué elementos son comunes y cuáles particulares en el edificio (6%); por la instalación de ascensores y aires acondicionados (4%); o por el surgimiento de humo y malos olores (2%).
MAS PROCESOS JUDICIALES El crecimiento de la morosidad en las comunidades de vecinos se ha traducido también en un mayor número de procedimientos judiciales para reclamar las cantidades adeudadas. Así, el número de procesos monitorios --que es como se denominan jurídicamente-- en la región fue de 17.381 en los nueve primeros meses del 2010. Esto supone un 44% más que en el mismo periodo del año anterior. En todo el 2009 los juzgados de primera instancia y de instrucción tramitaron en Extremadura 14.911 reclamaciones de este tipo, por las 10.351 del 2008 y las 7.534 del ejercicio 2007.
A nivel nacional, los jueces cursaron 671.696 procesos monitorios entre enero y septiembre del 2010, lo que, según la asociación Arrenta, supone un máximo histórico, con un crecimiento de más de 69.000 casos con respecto a los tres primeros trimestres del 2009.
El problema de esta vía está en la lentitud de la justicia --más de 572.000 procedimientos monitorios quedaron sin resolver en 2009-- y que no siempre se consigue saldar la deuda: sólo en el 8,7% de los casos los vecinos morosos terminan pagando. "Estas circunstancias han llevado a cada vez más comunidades a optar por medidas como el arbitraje para acelerar la resolución y poder cobrar cuanto antes las deudas que les están asfixiando", explica Carlos Ruiz, que destaca que este tipo de vía permite obtener un laudo o sentencia firme en un plazo de 60 días para impagos de cuotas.
