Más de media docena de jóvenes inmigrantes se enfrentan a una orden de expulsión de España a pesar de que denunciaron a una red organizada, autora y cooperadora de tráfico ilícito de seres humanos, que las había comprado y vendido por unos 700 euros. Así lo expresó ayer la Asociación en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y su Inserción en Extremadura (Addiiex), con sede en Mérida, en un comunicado remitido a EL PERIODICO.
Varias de las víctimas han presentado un recurso contra esta resolución, porque según Addiiex, "incumple varios de los artículos de la Ley de Extranjería y del propio reglamento que la regula".
Quince días es el plazo que les han dado a estas jóvenes para que abandonen el país. Su estancia en la provincia de Badajoz es "supuestamente irregular y la ley no entiende de sentimientos - señala Addiiex - a pesar de que las inmigrantes colaboraron con la policía y la guardia civil, en la detención y en la puesta a disposición judicial de más de ocho implicados, todos ellos de nacionalidad extranjera.
LEY DE EXTRANJERIA
La orden del Ministerio, según señala el comunicado, asegura que "del análisis del expediente no se desprende que las interesadas hayan sido víctimas perjudicadas, o testigos de ningún delito por bandas organizadas".
Sin embargo, para esta ONG la resolución que ha presentado el Gobierno "carece de motivación" y considera que con ello el Ministerio del Interior "incumple" la Ley de Extranjería y la normativa referente a testigos protegidos.
Asimismo, para Addiiex, "es increíble que el Ministerio del Interior diga eso, cuando en la denuncia que presentaron relataron que habían sido víctimas de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, identificando a los autores, presentando pruebas y colaborando con los funcionarios policiales, guardia civil y jueces".
