El responsable de Educación del PP de Extremadura, César Díez Solís, alertó ayer sobre el futuro "incierto" que a su juicio se está cerniendo sobre los profesores que imparten clases en colegios e institutos concertados, debido a "la falta de asunción de responsabilidades" del Gobierno regional. En un comunicado, el dirigente popular se refirió a los problemas económicos que, al parecer, está generando en los docentes y en sus centros el hecho de que la administración autonómica no asuma la "paga de antigüedad", que es la cantidad que corresponde a los profesores con 25 años de servicio.
Al respecto, Díez Solís aseguró que Extremadura es "la única región en la que no se asumen estos derechos salariales de estos maestros, lo que está provocando problemas de financiación". Por ello, consideró que la actitud de la Junta de negarse a asumir este coste es "sectaria" y piensa que puede crearse una situación "insostenible" para muchos de los centros de iniciativa social de la región, lo que podría abocar el cierre de los mismos, puesto que "hasta ahora han tenido que hacer frente al pago de dichas indemnizaciones". De hecho, los datos ofrecidos por su partido redundan en que en Extremadura el coste de esta medida es de cuatro millones de euros, "cerca de 10.000 por cada uno de los más de trescientos profesores que cumplen con este requisito".
Para Díez Solís, esta negativa de la Junta de llevar acabo algún acuerdo con la mesa técnica de la enseñanza concertada y la patronal solo tendría como explicación "ahogar poco a poco a la enseñanza concertada y a la libertad de los padres para elegir centro y modelo educativo". Por último, el responsable popular de Educación acusó a la Junta de "no querer saber nada" de la homologación salarial, en relación a la posible aplicación a los profesores de centros concertados de los 150 euros conseguidos en el acuerdo con los sindicatos de la educación.
