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Posible delito ecológico en la región Los hechos y la situacion administrativa y judicial.

Cruce de denuncias entre la Junta y un empresario que taló 380 encinas

El propietario, que quería convertir 300 hectáreas de dehesa en olivar, culpa a la Junta y acusa a un alto cargo de prevaricar.Agricultura y Medio Ambien

 

Encinas arrancadas en la finca El Sevillano, que se pretendía convertir en olivar de regadío. - Foto:CEDIDA / ECOLOGISTAS EXTREMADURA

AITOR FERNANDEZAITOR FERNANDEZ 19/12/2010

Lo que debería haber sido un simple proceso de cambio de cultivo, para transformar 300 hectáres de pasto y dehesa en olivar de regadío, ha derivado en un posible delito contra el medio ambiente y un cruce de denuncias y querellas, entre ellas una demanda contra el director general del Medio Natural de la Junta, Guillermo Crespo, acusado de prevaricación y de un delito contra los recursos naturales. Todo esto en medio de un largo procedimiento administrativo plagado de solicitudes, requerimientos, autorizaciones, revisiones, intentos de anulación y expedientes sancionadores de distintos departamentos y secciones de las consejerías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Industria, Energía y Medio Ambiente.

El posible delito ecológico, sobre el que deberán pronunciarse los jueces, consiste en el arranque de 380 encinas, muchas centenarias, en dos fincas situadas en el espacio natural protegido del Embalse de Orellana (declarado Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés Comunitario). El derribo de estos árboles se realizó entre marzo y julio de este año con las autorizaciones de la Consejería de Agricultura y la de Industria, Energía y Medio Ambiente, para el cambio de cultivo y la corta de arbolado, respectivamente; pero sin contar con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Alejandro Díez, propietario de las fincas, responsabiliza a la administración de lo ocurrido, exige indemnizaciones y pide responsabilidades penales.

Todo se inició en el 2008, cuando Alejandro Díez solicitó a la Consejería de Agricultura permisos para convertir 300 hectáreas de pastos y encinas, en los términos de Puebla de Alcócer y Navalvillar del Pela, en una explotación superintensiva de olivar. Ello exigía arrancar las encinas, por lo que Agricultura requirió distintos informes y autorizaciones a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Dentro de este departamento, el Servicio de Ordenación Forestal emitió ese verano su dictamen con restricciones al proyecto y pidió un informe al Servicio de Conservación de la Naturaleza y Areas protegidas, integrado en esa misma consejería a través de la Dirección General del Medio Natural.

En octubre de ese mismo año la Consejería de Industria comunicó a Agricultura que necesitaba más documentación para emitir la DIA. La respuesta llegó días después con la información que Agricultura consideraba "suficiente" desde el "punto de vista agrícola" e instando a Industria a dirigirse al promotor, Alejandro Díez, si necesitaba más datos. El empresario asegura que no recibió ningún requerimiento. Y en mayo de ese año, Industria, a través de su Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, archivó el expediente sobre la DIA porque "no se ha recibido la totalidad de la documentación solicitada".

PERMISO DE AGRICULTURA Ya en diciembre del 2009, y pese a que la normativa sobre cambios de cultivo exige que la autorización o denegación se emita una vez "recibidos" la declaración ambiental (DIA) y un informe sobre el estado forestal, Agricultura decidió dar luz verde al proyecto en ambas fincas sin contar con el primero de esos documentos. Esta consejería justifica que aplicó el silencio positivo administrativo --algo así como "quien calla otorga"-- tras agotarse el plazo legal para resolver sobre la solicitud de Alejandro Díez.

Todo se enquista más a principios del 2010 en la Consejería de Industria. Allí, el servicio de Ordenación Forestal pide a su homólogo de Conservación de la Naturaleza el informe que le solicitó en el verano del 2008 y éste responde que no se le ha requerido "informe alguno" sobre este caso --existe una nota firmada por el jefe de sección de Ordenación Forestal, con fecha de 29 de agosto, notificando que envía copia del estudio forestal a Conservación de la Naturaleza para que "emita el oportuno informe ambiental"--. Casi al mismo tiempo que esto se solicita al promotor nueva información sobre las parcelas y el registro de la explotación.

A principios de marzo de este año hay una comunicación interna entre el departamento de Evaluación Ambiental y el de Ordenación Forestal en el que se recuerda que el expediente de DIA del

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