Persecución sindical, incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores y discriminación laboral. Son los motivos que han llevado al sindicato Csif a denunciar ante el Ministerio de Trabajo a la empresa pública Tragsatec, que ha incluido a los seis empleados miembros de este sindicato en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó el pasado 27 de octubre. El proceso contempla 280 despidos temporales de dos meses y comienza a negociarse hoy, por lo que el delegado de Csif en la empresa, Pedro Gómez, asegura que este "atropello" se debe a que la dirección de Tragsatec, dedicada a las campañas de saneamiento ganadero, "quiere eliminar al interlocutor más incómodo en las negociaciones". El responsable de la empresa en Extremadura, Francisco Ramírez, alega sin embargo que se debe a que una orden del Gobierno extremeño obliga a la empresa a funcionar con un retén de 29 personas durante diciembre y enero y que entre los perfiles profesionales que han de mantenerse (21 veterinarios, 2 informáticos, 3 auxiliares de laboratorio, 2 administrativos y un responsable de almacén), "no hay cabida para los 29 miembros del comité de empresa".
Gómez considera que la empresa ha tomado "una decisión arbitraria" al incluir a los seis representantes del sindicato --cinco en Cáceres y uno en Badajoz-- en la lista de empleados que deben dejar la empresa, ya que asegura que todos ellos cumplen los requisitos para conservar su puesto. "El primero era ser representante sindical; el segundo la antigüedad, y tres de los representantes de Csif son de los trabajadores más antiguos de la empresa", señala Gómez, que confirma que la mitad de los representantes de UGT --mayoritario-- y otro de CCOO también están en la lista. El responsable de la empresa reconoce que ser representante sindical era un requisito para no esta en el ERE, pero asegura que en un retén de 29 personas no es posible dar cabida a los 23 miembros del comité de empresa. En cualquier caso, Ramírez se mostró abierto a negociar.
