El sindicato CSIF Extremadura anunció ayer que recurrirá a los tribunales para probar la inconstitucionalidad del decreto-ley por el que se acuerda la reducción de las nóminas de los empleados públicos de la región, así como el incumplimiento de los acuerdos retributivos negociados con la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos. El sindicato asegura que la decisión del Gobierno es "antijurídica" por el incumplimiento de las negociaciones con los sindicatos y afirmó que está preparando recursos y reclamaciones de carácter individual para sus afiliados.

En respuesta, el director general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Escudero, aseguró que Csif "solo está haciendo su trabajo como sindicato" de la manera que considera que es la mejor, por lo que "entiende" que la bajada del sueldo a los empleados públicos termine en los tribunales. Aseguró que esta es una cuestión "que se va a judicializar sí o sí", y aunque "ignora el resultado final", afirmó que se trata de una medida "muy bien estudiada por el Gobierno central y convalidada por el Congreso de los Diputados".