En cuatro de cada diez municipios extremeños no existe ninguna oficina bancaria. Una década de reducciones generalizadas tanto de personal —más de 90.000 empleos menos en el sector financiero a nivel nacional entre el 2008 y el 2018— como de redes comerciales en la banca española han llevado a que una parte cada vez mayor de la población extremeña no tenga acceso a una sucursal en su localidad de residencia. Con datos a marzo pasado, son ya alrededor de 64.000 los extremeños que se encuentran en riesgo de exclusión financiera, un fenómeno directamente vinculado a la despoblación, según el informe ‘Empleo postcrisis en la banca española (II): Los bancos se instalan en la crisis’, que ha publicado la federación sindical del sector financiero FINE.

En total, son 152 las localidades extremeñas en las que ya no se puede extraer efectivo, actualizar una libreta o pedir un préstamo en una oficina de crédito. En diez años, la cifra ha aumentado un 76,7%, desde las 86 que había cuando arrancó la gran recesión. La situación es mucho más preocupante en la provincia de Cáceres, donde más de la mitad de los municipios que la componen son parte de lo que el estudio denomina «desertización financiera». En concreto, suponen un 54,7% —por encima del promedio nacional (51,6%)—, en los que viven 47.356 personas, casi un 12% de toda población de la provincia. En la de Badajoz, en cambio, el número de quienes no tienen acceso a servicios financieros presenciales es mucho más reducida, gracias en buena medida a que la red de oficinas conjunta de las dos cajas de ahorros extremeñas —Caja Badajoz y Caja Extremadura— era mayor en ella antes de la crisis y a una presencia más significativa de las dos cajas rurales con sede en la comunidad autónoma. Con todo, hay 30 municipios pacenses en los que no queda ningún establecimiento de este tipo, en los que hay registrados 16.560 vecinos.

«La exclusión financiera de buena parte de quienes habitan en los municipios sin oficina bancaria es un hecho», se esgrime en el informe. Entre otras cuestiones, se hace hincapié en que en estos núcleos desbancarizados la proporción de personas mayores es más elevada que en el resto. Se trata del segmento de la clientela «que más va a necesitar una oficina tradicional, por razones de brecha digital y de cultura financiera», se precisa. En Cáceres un tercio de quienes viven en estos pueblos han sobrepasado los 65 años de edad.

También se incide en la distancia que en muchas ocasiones hay que recorrer hasta la plaza bancarizada más próxima —en un 18,7% de la superficie extremeña no se dispone de una sucursal operativa— y en que a menudo se trata de las zonas donde existe la «menor cobertura LTE (4g), requisito para poder utilizar la alternativa banca digital».

Otro de los corolarios que ha tenido el proceso de reestructuración del sector financiero en España ha sido el de un mercado concentrado en muchas menos manos que antes de la crisis. De esta forma, si en el 2008 las cinco mayores entidades controlaban el 42,4% de la cuota de mercado, una década más tarde la parte del pastel que se quedan es del 68,5%, con lo que el incremento ha sido del 61,4%. «En diez provincias la situación es claramente oligopolística con cifras que en la UE están reservadas a estados miembros como Grecia, Estonia, Lituania o Chipre», se indica. En este sentido, en Cáceres las cinco mayores entidades concentran alrededor del 70% del mercado financiero provincial. Siendo un porcentaje elevado, se mueve en la parte media de la tabla. En Badajoz, de nuevo, la situación es mejor, con un 50%. Solo la provincia de Cuenca aparece con un nivel menor.