Las comparecencias de los consejeros de Educación y Economía para informar sobre el currículo de Secundaria y la reducción de los festivos de apertura comercial, las asignaciones a los expresidentes de la Junta, y la ley que regula el régimen sancionador en materia de espectáculos públicos protagonizarán del pleno de la Asamblea del próximo jueves.

La sesión se abrirá con el turno de preguntas al jefe del Ejecutivo, Guillermo Fernández Vara, en la que el PP le pedirá explicaciones por la caída de las exportaciones, el "abandono" de las inversiones en la ciudad de Badajoz y la contratación del gerente de la empresa pública Gebidexsa, según ha informado su portavoz, Cristina Teniente, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.

Por este asunto también preguntará el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, dado que tiene "serias dudas" sobre sus méritos y capacidades, mientras que la de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, interrogará sobre la puesta en marcha del plan de empleo autónomo, que considera "urgente".

A continuación se someterán a debate tres iniciativas legislativas, entre ellas, el dictamen final de la ley que regula el régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas en Extremadura.

Asimismo, se someterá a votación dos propuestas de ley de la formación morada, una de las cuales propone una modificación de la Ley del Estatuto de los Cargos Públicos con el fin de que los expresidentes extremeños rindan cuentas y expliquen qué actividades realizan con los fondos públicos que tienen asignados.

Se trata de conocer "a qué se dedican" los asesores que tienen atribuidos los expresidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, que Jaén ha cifrado en cinco, así como la ejecución de los 240.000 euros que les corresponden.

A este respecto, ha recordado que su grupo ya presentó una propuesta el pasado noviembre para reducir esta cuantía, pero "fue tumbada por los votos de PP y PSOE".

En su otra propuesta de ley, Podemos defenderá una modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 2010, para garantizar una inversión mínima anual del 1,5 por ciento del PIB regional y establecer un calendario de ayudas.

Tras ello comparecerán, a petición propia, los consejeros de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, la primera de ellas para explicar el proyecto de decreto de currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que, según ha criticado hoy la portavoz popular, carece de los informes preceptivos y no ha sido negociado ni sometido a la valoración del Consejo Escolar.

Por su parte, Navarro informará sobre la reciente revocación de la declaración de Badajoz, Cáceres, Mérida y Moraleja como zonas de gran afluencia turística.

Sobre este asunto, Teniente ha criticado que la Junta haya decidido levantar una "barrera" a la libertad comercial, la competitividad y el empleo "en contra de los principales ayuntamientos" y en base a unos informes que aún se desconocen, por lo que espera que sean aportados en la sesión plenaria.

En ella, el Grupo Popular presentará además una iniciativa para instar a la Junta a continuar con el proyecto de regadíos en Tierra de Barros ante el "abandono" que sufre, y otra para proponer un pacto regional por la cooperación internacional al desarrollo.

También interpelará sobre la situación de "parálisis absoluta" que, a su juicio, sufre el Instituto de la Mujer de Extremadura al no haber ofrecido alternativas a medidas iniciadas en la legislatura pasada y ahora abandonadas, como la ayuda a mujeres de más de 75 años, la estrategia "Ser empresaria", o la situación de la mujer como colectivo prioritario en el plan de fomento del autoempleo.

Por su parte, el Grupo Socialista defenderá una propuesta impulso para que la Junta regule la publicidad sanitaria, una materia en la que hay que ser "muy rigurosos", según ha indicado su portavoz, Valentín García.

Además, presentará otra iniciativa para emplazar al Gobierno central a defender los intereses de los pescadores extremeños tras la sentencia del Tribunal Supremo que incluye en el catálogo de especies invasoras a la carpa común y la trucha arcoíris, lo que afecta directamente a la práctica de la pesca deportiva.