La decisión sobre la renovación del actual permiso de explotación de la Central Nuclear de Almaraz, que en principio expiraba mañana, queda aplazada. Según confirmaron ayer fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, la resolución se ve afectada por la interrupción de plazos administrativos decretada al inicio del estado de alarma. Teniendo en cuenta que estos se suspendieron a mediados de marzo y que han vuelto a contar desde el 1 de junio, eso supondrá que el Gobierno tendrá hasta la segunda quincena de agosto para resolver sobre el futuro de la instalación cacereña. Desde el departamento que dirige Teresa Ribera se incidió en que se trata de una cuestión meramente legal y que la «tramitación administrativa sigue con normalidad». La comunicación a la central del aplazamiento se efectuó el jueves.
Un dictamen favorable permitiría que la central continúe operativa hasta el 1 de noviembre del 2027, en el caso de su unidad 1, y hasta el 31 de octubre del 2028, en el de su unidad 2. Las prórrogas, de 7,4 y 8,3 años más, respectivamente, llevarían la vida útil de ambas por encima de los 44 años.
El del ministerio es el único ‘ok’ que falta tras el acuerdo de las compañías eléctricas propietarias, que no fue fácil y al que se llegó después de meses de tensas negociaciones, y de la luz verde del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se produjo el mes pasado. Lo previsible sería que el Ejecutivo autorice que la central siga funcionando (una eventual negativa obligaría a parar los reactores casi de inmediato). No solo porque se cuente ya con el visto bueno técnico del CSN, también porque las fechas para el cierre de Almaraz son parte del calendario escalonado para el apagón nuclear que fue pactado con la participación del ministerio junto a las eléctricas y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (Enresa). Además, la central afronta en estos momentos la fase final de los trabajos de recarga de combustible en su unidad 1. Una laboriosa y costosa tarea que tiene lugar cada 18 meses en uno de sus reactores y que este año se ha seguido desarrollando a pesar del estado de alarma.
El acuerdo entre las tres empresas propietarias de Almaraz —Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)— incluía el compromiso a desembolsar un máximo de 605 millones para cumplir con las exigencias de inversión que permitan seguir con la actividad. Solo si se superase ese tope las propietarias deberán volver a sentarse a negociar.
CIERRE ESCALONADO
Actualmente hay cinco plantas nucleares operativas en España, que suman siete reactores. De ellos, los dos de Almaraz, los que acumulan más tiempo en funcionamiento, serán los primeros en dejar de estar activos. Si se cumple el cronograma diseñado para ir clausurando progresivamente las centrales, les seguirá la unidad 1 de Ascó (Tarragona) dos años más tarde, en octubre del 2030, aunque de forma prácticamente simultánea a Cofrentes (Valencia), que parará un mes más tarde. En septiembre del 2032 llegará el turno del segundo reactor de Ascó, y será en el 2035 cuando se desconecten las dos últimas nucleares del parque español: Vandellós 2 (Tarragona), que dejará de generar electricidad en febrero, y Trillo (Guadalajara), que lo hará en mayo.
Una vez que los reactores cacereños interrumpan su operación, habrá que realizar los trabajos de predesmantelamiento y desmantelamiento, por lo que la actividad en este emplazamiento se prolongará aún durante varias décadas más. Actualmente hay dos plantas españolas en esta situación. Una es la de José Cabrera (Almonacid de Zorita, Guadalajara), la primera que entró en operación en España. Lo hizo en 1969 y acabo cerrando en el 2006. La otra es Vandellós 1, en fase de latencia, un periodo de espera que permite una reducción significativa de los niveles radiológicos. Una tercera central, la de Santa María de Garoña (Burgos), está actualmente en fase de predesmantelamiento, tras el cese definitivo de la explotación en el 2017.
Por otro lado, el reactor 1 de Almaraz tiene previsto volver a acoplarse a la red el próximo 22 de junio a las 13.00 horas, tras los trabajos de recarga. Estos se iniciaron el 14 de abril, por lo que acabarán durando un mes más de lo previsto inicialmente, ya que la crisis sanitaria ha obligado a hacer las tareas con menos personal y a un ritmo más lento.
