Según el decreto, el Consejo de Gobierno debe, una vez que se pronuncien las consejerías de Economía y Medio Ambiente, dar una respuesta sobre los parques eólicos. El plazo para responder finaliza el 31 de diciembre. Según el director general de Industria, en este momento aún se está en plena fase de subsanación de deficiencias en la documentación presentada en junio por las promotoras.

A partir de que se dé la autorización, las empresas tienen un plazo de dos años --ampliable uno más si se justifica la razón-- para poner en marcha los parques. En el mismo plazo deben crearse las empresas en el radio de 30 kilómetros para generar los tres empleos por magavatio. El incumplimiento de cualquiera de las dos condiciones derivaría en la caducidad del permiso.