Unas 50 personas se concentraron ayer ante la comisaría de la policía nacional de Mérida para protestar porque seis miembros de la asociación Malvaluna , cinco mujeres y un hombre, hayan sido llamados a declarar tras autoinculparse por haber abortado o acompañado a otras mujeres a interrumpir su embarazo. Así lo ha explicado la portavoz de la Malvaluna , Catalina Galán, quien ha precisado que en Extremadura se han presentado más de cien autoinculpaciones en este sentido.

Esta protesta se enmarca en la campaña iniciada por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, que agrupa a 20 asociaciones de 11 regiones, en favor de la despenalización del aborto, y en solidaridad con las mujeres y profesionales que han sido llamados en distintos juzgados españoles a declarar como imputadas de haber realizado interrupciones de embarazo.

Galán ha recordado que, en total, se han presentado en los juzgados del país unas 16.000 autoinculpaciones en protesta por la campaña de "acoso" que recibieron algunas clínicas que practican abortos. Sin embargo, "y en contra del criterio mayoritario de los juzgados de toda España", los de Mérida han decidido que las personas firmantes sean llamadas a declarar ante la Policía. Para Galán, esta situación es "muy grave" y pone de manifiesto el interés de algunos jueces por "llevar hasta el extremo las más restrictivas interpretaciones de la normativa".

Ha considerado además que "ya es hora" de que el aborto, en los supuestos legales, se normalice como una prestación más en la sanidad pública.