El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha elaborado un informe, realizado a petición del ministro de Economía, Rodrigo Rato, en el que critica las trabas que muchas comunidades ponen a la apertura de nuevos grandes centros comerciales al tiempo que pide una homologación de las actuales normativas autonómicas. En el caso de la ley extremeña de comercio, el documento califica de "irracional" el hecho de que la Junta varíe el concepto de gran superficie en función del número de habitantes.

Las comunidades autónomas deben homologar su normativa, no deben frenar la apertura de centros comerciales y es deseable que se apruebe la libertad total de horarios comerciales. Estas son las principales conclusiones del último informe sobre el sector comercial elaborado por el Tribunal de la Defensa de la Competencia, que apunta incluso que el hecho de que cada comunidad exija unos requisitos distintos puede atentar contra la Constitución por su carácter discriminatorio.

UNIFICACION NORMATIVA

En este sentido, Defensa de la Competencia reclama al Gobierno que inste a las comunidades a cambiar sus actuales normativas para que éstas se unifiquen. Además, califica como "deseable" la libertad total de horarios comerciales porque "expande el ámbito de elección de los ciudadanos". A su juicio, "las barreras de entrada" que imponen los gobiernos regionales "amenazan con crear situaciones de monopolio".

Por lo que se refiere a la legislación extremeña, este tribunal cree "irracional" que, al igual que ocurre en otras comunidades, la definición del concepto de gran superficie comercial varíe en función del municipio en el que se ubica, lo que supone "nuevas dificultades para la gestión empresarial", por lo que aboga por eliminar este aspecto. En concreto, la ley regional señala como gran superficie un comercio de 2.000 metros cuadrados en una población de más de 50.000 habitantes; de 1.500 metros cuadrados en municipios de ente 10.000 y 50.000 habitantes; o de 750 metros cuadrados en el resto.

En Extremadura hay once grandes superficies comerciales, mientras que otros cuatro proyectos permanecen paralizados a falta de conseguir la autorización definitiva.