Siderúrgica Balboa, o en su defecto la Junta de Extremadura, por ser la Administración que ejecutó la expropiación de terrenos para ampliar dicha industria ante la negativo de los propietarios a venderlos, deberán afrontar el pago de unos 3 millones de euros más un porcentaje establecido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que una década después falló a favor de la demanda de los propietarios de tales terrenos. Es lo que se desprende del rechazo del Supremo a la nulidad de actuaciones solicitadas por la Junta.
La Junta recurrió el fallo del TSJEx ante el Supremo, que la confirmó. El ejecutivo solicitó entonces, en julio pasado, la nulidad de actuaciones, pero la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo acaba de denegarla.
El Supremo rechaza el incidente de nulidad planteado por la Junta, cuyos decretos de expropiación fueron anulados por no considerarlos urgentes ni de interés prioritario, basándose en que la solicitud no está amparada por el derecho a la tutela judicial efectiva, según consta en la provindencia de dicho tribunal, en el que defendió a los propietarios de los terrenos el letrado pacense José Duarte. Este señala que la sentencia impone el derribo de lo construido para devolver las parcelas su estado original, y anunció que pedirá la ejecución de sentencia.
