Las Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de Extremadura vuelven a contar con el estatus jurídico de entidades de derecho público, en virtud de una modificación de la ley agraria de la comunidad y de la norma que regula tal materia, y que ha sido aprobada este jueves por unanimidad en la Asamblea.
La medida da cumplimiento a las peticiones de los consejos reguladores de las DOP y del resto del sector agroalimentario de la comunidad, según ha destacado la diputada del PSOE María Teresa Macías Mateos durante el debate este jueves en el pleno de la cámara autonómica de la citada modificación introducida.
En concreto, la socialista ha dicho que el texto presentado por su grupo "no es fruto de una intención gratuita de desprestigiar la ley agraria (aprobada por el anterior Ejecutivo autonómico del PP)", sino que es consecuencia de una petición de los consejos reguladores de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.
Ha defendido al respecto que la medida aprobada dará "seguridad" a las denominaciones a la hora de "tomar decisiones" en el seno de sus consejos reguladores. "Se recupera un marco jurídico que les permitirá ser entidades de derecho público" y se "corrige" una "privatización encubierta" del sector contemplada, ha dicho, en la ley agraria aprobada por el anterior Gobierno regional del PP.
Macías Mateos ha insistido también en que el PP durante la pasada legislatura trató de introducir "un intento de privatización de los consejos reguladores"; al tiempo que ha subrayado que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas "son los buques insignias del sector agroalimentario regional" y que la Junta escuchará a dicho sector "cada vez que lo necesiten".
APOYO UNÁNIME
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha defendido la modificación introducida, al tiempo que ha destacado la importancia del sector en la agroindustria extremeña.
A su vez, la diputada de Podemos, Irene de Miguel, ha defendido que el cambio aplicado propiciará "un mejor producto" y contribuirá a "apostar por la calidad frente a la cantidad", así como a lograr que Extremadura sea "en sí misma una marca de calidad diferenciada".
Por su parte, la diputada del PP, Virginia Alberdi, ha considerado que la modificación de la ley debatida este jueves podía haberse "evitado" en el proceso de cambio de la norma ya introducido hace unos meses en la comunidad; pese a lo cual ha defendido el carácter de derecho público de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
"Aquellos temas que son susceptibles de mejora siempre deben mejorar" al margen de "intereses políticos", ha espetado la popular, quien ha aseverado que la modificación introducida incidirá en la "mejora de la competitividad del sector agrario" en una región que tiene "los mejores productos".
