Ecologistas Extremadura ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Cáceres para que investigue la responsabilidad del mantenimiento de una "gigantesca" escombrera de más de 12.000 metros cuadrados ubicada a escasos 600 metros del municipio cacereño de Guadalupe. Es un terreno municipal que sufre un "grave atentado medioambiental", por lo que pide que se depuren responsabilidades y se detengan los vertidos en esta zona, según explica la organización. La denuncia está basada en el emplazamiento "ilegal" que tiene esta escombrera, a unos 60 metros del río Guadalupejo, que "tiene un importante valor por su elevada calidad ambiental".

El Corredor Ecológico y de Biodiversidad Río Guadalupejo es un espacio protegido por la Junta, de ahí la irregularidad de este vertedero, que además de los efectos sobre el paisaje "tiene un gravísimo impacto sobre las aguas, ya que se emplaza muy próxima al cauce del río, y este recibe sin lugar a dudas aguas de escorrentía que lixivian (filtran) los materiales inertes y basuras que se acumulan", se asegura en la denuncia.

El alcalde de Guadalupe, Modesto Rubio, indicó ayer que se había enterado por la prensa de la noticia y que no tiene constancia de que se esté incumpliendo ninguna normativa en este lugar, que sirve de vertedero desde hace más de 20 años. Allí, además de restos generados por el sector de la construcción, que es para lo que se pensó, según la organización ecologista, se vierten todo tipo de basuras orgánicas, incluso hay latas antiguas que se consumían en el monasterio, patrimonio de la humanidad desde 1993.

Este colectivo basa su denuncia en los artículos 325 y 330 del Código Penal, que se incumplen, a su juicio, con la ubicación de esta "gigantesca" escombrera. En el primer caso, la ley prevé penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años, por provocar o realizar directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales", según consta en la denuncia. Además, indica que si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.

DAÑOS A ZONA PROTEGIDA Sobre el artículo 330, la denuncia recoge que el Código Penal contempla de uno a cuatro años de cárcel y una multa de doce a veinticuatro meses por "dañar gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificar un espacio natural protegido".

Ecologistas Extremadura recuerda que se trata de una localidad "de importancia turística", y solicita "que se sea más cuidadoso con los emplazamientos y control de estos residuos" que, subraya, podrían ser reciclados y reutilizados en obras públicas y otros tipos de construcciones". Además, insta a que se proceda a incoar el procedimiento sancionador contra los infractores, reparándose el daño causado y se le tenga como parte interesada en el citado procedimiento.