La Asociación 25 de Marzo ha registrado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz una denuncia contra siete empresas hortofrutícolas de la región por no abonar, en su opinión, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), exceso de jornada diaria e incumplimiento del registro horario.
También ha denunciado el impago de horas extraordinarias, incumplimientos en materia de descanso, que no se facilitan herramientas de trabajo y la falta de medidas de prevención. La asociación comenzó hace más de un mes y medio un recorrido por todas las centrales hortofrutícolas de las Vegas Bajas y Altas del Guadiana. Según han explicado, con su visita a estas empresas, todas ellas sujetas al convenio colectivo del sector del campo de Extremadura, pretendían informar a los trabajadores del Real Decreto que fijaba el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019.
En sus visitas a estos centros de trabajo, la asociación ha constatado que además no cumplirse el abono del salario mínimo, «existían otros incumplimientos o carencias en materia de derechos laborales». Estas empresas se encuentran localizadas en Mérida, Zurbarán, Cáceres, Valdivia, Acedera y Badajoz, señalan.
En el escrito se insta a que una vez constatados los hechos denunciados, se instruya el correspondiente expediente y se proceda a sancionar y pedir las responsabilidades que la legislación prevea. Y si no se revierte la situación, no descartan acudir a los juzgados para garantizar «los derechos de todos los jornaleros extremeños», e incluso «acudir en la vía penal si se dieran las circunstancias de responsabilidad por un delito contra los derechos de los trabajadores».
La Asociación 25 de Marzo ha criticado que las organizaciones empresariales Asaja y Afruex hayan alentado, con sus declaraciones, al «impago sistemático» por parte del resto de estas organizaciones de las cuantías establecidas para el salario mínimo. En su opinión, al margen de las consideraciones «éticas», este hecho supone «de facto una posición coordinada de abuso de necesidad respecto a la situación legal de los derechos de los trabajadores del sector».
