El sector eólico está recorriendo un auténtico campo de minas en la región y, a cada paso, un artefacto explota a sus pies. El último, ayer. La plataforma Salvar Extremadura, constituida por cinco colectivos conservacionistas, ha pedido a la Junta que anule las autorizaciones de 23 proyectos eólicos aprobados en el 2009. El motivo es la presunta existencia de irregularidades en los procedimientos administrativos.

Salvar Extremadura pone en duda la legalidad de las autorizaciones ambientales concedidas a la mayoría de estos parques eólicos. Alega que 18 recibieron luz verde tras modificar el contenido inicial del proyecto y sin que se realizasen nuevos estudios de impacto ambiental. "Es lo que correspondería", aprecian desde la plataforma, que considera que los cambios en las instalaciones son importantes y, por tanto, requerirían de un nuevo análisis de la Administración.

La organización considera, igualmente, que los 23 proyectos aprobados recibieron la autorización ambiental tras analizar, por un lado, el impacto de los aerogeneradores y, por otro, el de las líneas de evacuación que requerirán para trasladar la electricidad producida. Bajo su punto de vista, esto va contra la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que determina que cada proyecto debe presentarse en su conjunto para analizar todos los impactos sobre el entorno. "No se pueden dividir para aprobar impactos menores por separado", apuntan en Salvar Extremadura.

El tercer "error" denunciado es la ausencia de una evaluación de los efectos acumulativos que tendrán todos los proyectos eólicos aprobados. "Cuando hay impacto sobre especies protegidas es preciso presentar al mismo tiempo los estudios de impacto ambiental de todos los proyectos de la misma zona para analizar los posibles efectos acumulativos", explica Mark Duchamp, portavoz de la plataforma. El asegura que esto es una demanda de la propia Comisión Europea y que la Junta de Extremadura no lo ha tenido en cuenta. De hecho, critica que la Administración regional no haya elaborado una evaluación ambiental de su propio plan eólico. "No se puede evaluar el efecto de los 200 o 300 proyectos eólicos que estudia la Junta sin hacer un estudio de impacto acumulativo estratégico", indica.

"UNA CHAPUZA" Duchamp no duda en calificar como "chapuza" los procedimientos administrativos realizados en Extremadura para autorizar la construcción de parques eólicos. Pone como ejemplo otra "irregularidad": los expedientes de algunos proyectos fueron sometidos a información pública cuando ya contaban con la Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte de la Junta. "Es como decir al pueblo extremeño: dame tu opinión, que tú puedes participar en el proceso de decisión, pero la decisión ya está tomada. Es burlarse de la gente, de la ley y del Convenio Aarhus sobre participación ciudadana", se queja el portavoz conservacionista.

Salvar Extremadura no descarta ninguna vía, incluida la judicial, para intentar frenar los procedimientos. De hecho, una de las asociaciones que la integran, Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Panacex), ya ha presentado una queja ante la Comisión Europea. La Junta, por su parte, no se pronuncia. Este diario solicitó ayer a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía que aclarase las dudas generadas por la plataforma en torno a estos proyectos. No hubo contestación.