La Ley de Dependencia es una norma universal a la que tienen derecho todas las personas que no pueden valerse por sí mismas. Aprobada en el año 2006, pretendía convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar a través del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Pero ahora, simplemente es un arma más de la contienda política regional.

La responsable de Asuntos Sociales y Dependencia del PP en Extremadura, Cristina Herrera, afirmó ayer que la Junta mantiene "paralizada, congelada", la atención a las personas dependientes, ya que hay unas 10.000 personas con derecho a percibir las prestaciones que aún no disfrutan de ellas. Sin embargo, desde la Junta se defienden diciendo que "el procedimiento es lento, ya que se trata de reconocer un derecho que es de por vida y que garantiza una situación de protección permanente".

La Consejería de Sanidad y Dependencia contrarrestó las declaraciones del PP alegando que de los 30.000 expedientes presentados a día de ayer, solo 2.000 están pendientes de valoración, aunque se calcula que a lo largo de septiembre se irán resolviendo todas las solicitudes. Por tanto, "no hay paralización ni congelación en los procedimientos y en la atención a las personas" susceptibles de recibir cobertura.

Pero lo cierto es que en una rueda de prensa realizada ayer en Mérida, la responsable popular analizó el "retraso" en el pago de las prestaciones derivadas de la Ley de la Dependencia. Y señaló que, según datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, el pasado día uno de agosto se habían recibido un total de 29.947 solicitudes, de las cuales se han emitido 22.992 dictámenes. De ellos, se había reconocido a 18.995 personas como beneficiarias de la prestación, y solamente la están recibiendo 8.708.

Y parece que este es el único dato en el que las versiones de gobierno y oposición coinciden. La Junta ha reconocido que "desde la puesta en marcha de la ley, más de 9.000 servicios han atendido a algo más de 8.000 ciudadanos en la comunidad, una cifra que sigue creciendo cada día". Los 10.827 expedientes restantes, (que son los que según el PP están congelados), "se encuentran dentro del proceso para poder acceder a las prestaciones a las que tienen derecho".

Además, Sanidad afirma que muchos de ellos ya están recibiendo algún tipo de servicio análogo a los que la Ley de Dependencia garantiza, y que se conceden a través medidas como el Plan Concilia, la ayuda a domicilio, los centros de día, las residencias de mayores y toda la red de atención a las personas con discapacidad.

Por tanto, según la Junta, "se hace necesario que, de una vez por todas, los portavoces populares diferencien entre atención y prestación", y asegura además, que "la atención llega a muchos ciudadanos que por sus condiciones de dependencia, no estarían dentro del sistema de protección".

Para el equipo de gobierno, no existe inactividad, sino "un gran esfuerzo extraordinario, tanto humano como económico, para que, en el menor tiempo posible, las personas con derecho estén atendidas y queden bajo la cobertura de la ley". Y es que, pese a la crisis, la Junta ha reafirmado la ampliación de las partidas presupuestarias de 44 millones de euros, tal y como lo anunció el presidente Vara en el debate sobre el estado de la región el pasado junio.

Pero la responsable popular no se deja convencer por estas promesas y asegura que incluso "es posible que la situación se agrave a medida que se amplíe el abanico de potenciales de las políticas sociales de la administración autonómica", ya que como anunció el propio Vara en su discurso de investidura, la ayuda a las personas dependientes es el pilar fundamental de estas.