Los extremeños que están en lista de espera para recibir las prestaciones de la ley de dependencia podrán acogerse a las ayudas del fondo de garantía social en tanto se resuelve su expediente. La medida forma parte de un «plan de choque» que la Junta de Extremadura va a poner en marcha para mejorar la atención a las personas dependientes, después de que en el 2019 haya aumentado un 73% el número de usuarios con derecho que siguen esperando para entrar en el sistema. Además, a lo largo de los próximos meses se habilitarán 954 plazas públicas en residencias municipales y también se prevé aprobar en esta legislatura una ley que limite los tiempos de respuesta en el reconocimiento y el acceso a las prestaciones y servicios de la ley de dependencia. Para la primera valoración, el periodo máximo se establecerá en tres meses.

El fondo de garantía social es una herramienta con la que cuenta el Ejecutivo extremeño para «la intervención ante situaciones de vulnerabilidad». En el borrador de los presupuestos autonómicos para el año 2020 cuenta con una dotación de 53,4 millones de euros, una cantidad con la que se da respuesta a la renta garantizada de inserción (47,7 millones); las ayudas para suministros básicos de agua, luz y gas (3,5 millones) o el fondo de contigencia (2,2 millones de euros para hacer frente a necesidades urgentes e imprevisibles).

Según explican fuentes de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, la idea es que también con este dinero se puedan cubrir las necesidades de las personas dependientes que ya tienen esta condición reconocida por ley mientras resuelve su expediente. Un trámite que en el caso de la región, según los últimos datos publicados por el Imserso, se extiende casi dos años (675 días, el segundo más alto del país). La idea del Ejecutivo es que esta medida se extienda hasta que la lista de espera en depencia «sea menor de mil», si bien actualmente alcanza las 7.206 personas.

Para ello, «en el texto articulado de los presupuestos se indica que este fondo se podrá utilizar, entre otras cosas, para la dependencia». Otra de las medidas que plantea la Junta para mejorar la dependencia es el aumento de las plazas públicas en las residencias, y para ello a lo largo de los próximos meses se habilitarán 954 en centros municipales. Actualmente existen más de 14.000 y el 40% de ellas son privadas.

La consejería recuerda que la puesta en marcha de este plan de choque para la dependencia es una de las medidas incluidas en el programa electoral del PSOE, que también recoge en este sentido el compromiso de aprobar una ley de tiempos de respuesta en el reconocimiento y acceso a las prestaciones o limitar a un máximo de tres meses el tiempo de respuesta entre la solicitud y la primera valoración. Además, también apuesta por mejorar la coordinación de los servicios de atención social básica y los equipos de la dependencia para reducir el tiempo de espera en la valoración y negociación del Plan Individualizado de Atención (PIA).

FINANCIACIÓN / Todo ello, reitera el Ejecutivo, una vez que se hayan recuperado los niveles de protección y financiación acordados. En este sentido, recuerda que la ley recoge una financiación al 50% entre el Estado y las comunidades, pero en el caso de la región la Administración central solo aporta el 12%. Esta es precisamente una de las causas a las que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales atribuye los datos que actualmente emanan de la gestión de la dependencia en Extremadura, que no son positivos. De hecho, por primera vez desde que se puso en marcha la ley en el año 2008, la región ha perdido beneficiarios: los titulares de las ayudas fallecen y el retraso en la valoración de los expedientes impide que se incorporen nuevos dependientes.

Según la última estadística publicada en el portal de la dependencia del Imserso, relativa al año 2019, Extremadura cuenta con un total de 28.237 dependientes con ayudas, frente a los 29.189 de hace un año, es decir, 952 menos. En este periodo sin embargo, la Junta ha recibido 2.203 nuevas peticiones y se han resuelto más de 3.000, lo que ha hecho que la lista de espera para una primera valoración se haya reducido un 11,2%. Sin embargo, aún sigue habiendo un total de 7.206 dependientes que, teniendo ya reconocido su derecho, siguen en lista de espera. Este grupo aumenta exponencialmente en el último año, según la Junta por la falta de financiación estatal, el gran número de solicitudes en relación a la población (el más alto del país) o las herramientas de valoración.