Llerena ha vuelto a convertirse en el epicentro del eterno debate sobre la conveniencia o no de que las Administraciones regulen algo tan delicado como la eutanasia, tanto la activa como la pasiva. En las II Jornadas Jurídico Sanitarias celebradas en Llerena el debate se centró de forma especial en el testamento vital aprobado por la Junta y que regula el derecho de los pacientes a decidir anticipadamente qué deben hacer los médicos en caso de que sufran una enfermedad terminal.

El primero en salir al ruedo fue el consejero de Sanidad y Consumo, Guillermo Fernández Vara, quien reconoció las lagunas del testamento vital extremeño, que aunque está en vigor continúa pendiente de desarrollo normativo.

El principal problema, apuntó, es que la expresión de la voluntad anticipada es en sí misma un "punto débil", dado que se no realiza en el momento en que la persona se está enfrentando a una situación terminal. Otro de los problemas es que este documento sólo se conoce si así lo desea la familia, por lo que apuntó la posibilidad de crear un registro para conocer la voluntad de la persona en cuestión aunque la familia no lo desee.

Necesidad de legislación

Fernández Vara se mostró contrario a la eutanasia activa entendiendo esta medida como imposición, aunque subrayó la necesidad de legislar en torno a este asunto, puesto que "es una obligación legislar los cambios que se producen en la sociedad y esta situación es fruto del desarrollo social".

Mientras, la Iglesia volvió a expresar su apoyo al testamento vital de la Junta de Extremadura. El padre José María, un sacerdote católico con más de 25 años de experiencia, intervino en lugar del arzobispo Antonio Montero en las II Jornadas jurídico sanitarias sobre la eutanasia.

Al igual que hizo en su día Montero, el padre José María explicó que "la muerte no ha de ser causada, pero tampoco absurdamente retrasada". En este sentido, apoyó que, como establece el polémico testamento vital , si así lo decide el paciente "no se mantendrá la vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios". En su opinión, esta decisión corresponde al paciente si tiene capacidad para discernir y si no a sus representantes legales "respetando siempre los intereses legítimos del paciente".

Para evitar confusiones, recordó que la Iglesia Católica está totalmente en contra de la eutanasia pasiva, ya que "nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño, adulto o anciano, enfermo incurable o agonizante".

Víctor Moreno, doctor y catedrático de derecho procesal, recalcó que legislar sobre la eutanasia no significa "invitar a morir" sino "la expresión de libertad consciente y deliberada en aras de garantizar la dignidad de la persona". Moreno fue más allá y se mostró partidario de dar un paso adelante "y contemplar la despenalización de la eutanasia en algunos supuestos".

Como en cualquier debate sobre la eutanasia que se precie, también se abordó el caso de Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que reclamó judicialmente su derecho a morir dignamente.

Josep Arnau i Figuereas, secretario de la Asociación Pro-Derecho a Morir Dignamente basó su ponencia en una clara defensa de la eutanasia, una práctica que definió como la salvaguarda del ejercicio de la libertad individual. "No se rechaza la vida", argumentó, "se rechaza la esclavitud de la enfermedad o la miseria".