Una familia extremeña tiene que abandonar forzosamente su casa cada poco más de tres días. En España lo hacen 42 personas cada 24 horas ante el impago del alquiler. Es un drama que se ha hecho cada vez más palpable desde que la economía comenzó a temblar. En el marco de la crisis, los bancos han cortado el desbocada flujo de crédito fácil que antes permitió a decenas de familias adquirir y mantener un animado nivel de consumo y ahora la falta de pago de las hipotecas está dejando en la calle a cientos de españoles.
Basta ojear los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los efectos de la actual situación económica en los órganos judiciales. El número de desahucios se incrementó más de un 300% en el primer trimestre del 2011 en comparación con el mismo periodo del 2008, y eso solo en el caso de la provincia de Badajoz, la única de la el CGPJ dispone de estadísticas anteriores a 2011. En definitiva, se ha pasado de 21 expedientes de desahucios o lanzamientos, en términos jurídicos, a 92 solo en la provincia pacense. Es la mayor cifra registrada en los últimos años, tras un incremento del 43% respecto a 2010.
En Cáceres, los tres primeros meses de este año se han registrado 11 desahucios --no hay datos anteriores--. En total han sido 103 en la región, un 60% más en conjunto. En el país el crecimiento ha sido del 176%, pasando de 5.600 desahucios en los tres primeros meses del 2008 a los 15.500 de enero a marzo de este año, o lo que es lo mismo, un hogar roto cada dos minutos.
En realidad, el repunte experimentado por los desahucios en los últimos meses es un efecto retardado del aumento que sufrieron las ejecuciones hipotecarias en los últimos años a causa de la crisis económica. De eso sí hay datos del conjunto regional y parecen que son cada vez mejores. La ejecuciones hipotecarias son los procesos por los que, ante el impago de las cuotas de una hipoteca y préstamos, la entidad financiera que prestó el dinero para la adquisición del inmueble o propiedad termina quedándoselo.
Entre enero y marzo de este año se registraron en Extremadura 302 ejecuciones --214 en Badajoz y 88 en Cáceres--, un 15% interanual menos. Es el primer trimestre que los datos reflejan un cierto respiro en ambas provincias después de meses en las que crecía a ritmos de hasta el 70%. Pero lo cierto es que la cifra sigue siendo significativamente elevada. En solo tres meses se han producido en la región casi las mismas ejecuciones de hipotecas que las que se llevaron a cabo en todo el 2007 --en ese periodo el Tribunal Superior de Justicia extremeño contabilizó 360--.
En respuesta a la escalada de desahucios, han proliferado asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que pretenden servir de lugar de encuentro, ayuda y acción de aquellas personas que no puedan hacer frente a los pagos hipotecarios y que ahora han encontrado también el apoyo del Movimiento 15-M, lo que les ha ayudado a frenar decenas de desahucios en España. En Extremadura no han actuado de momento.
UN PROCESO DILATADO Los indignados están haciendo hincapié en la necesidad de autorizar herramientas como la dación en pago, que significa devolver el bien por el que se ha pedido un crédito al banco y liquidar la deuda. Y es que con casi cinco millones de parados en España y un proceso judicial de desalojo en ocasiones lento y traumático, la alternativa menos dolorosa puede ser dejar de pagar el alquiler.
Además de esto, los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, referentes a los tres primeros meses del año, muestran un ligero incremento, del 22%, en el número de firmas que presentaron concurso de acreedores ante los juzgados de lo Mercantil de ambas provincias extremeñas, pasando de 27 a 33. Respecto al número de embargos de bienes, este apartado, como los lanzamiento, también registra un aumento. Entre enero y marzo pasado se produjeron un total de 380, doce más que en el primero trimestre del año anterior. En todo el 2010 se registraron 1.250 embargos.
Los juzgados de lo Social de la región son otros de los órganos que vieron incrementada su actividad a consecuencia de la crisis. Las salas extremeñas tramitaron en los tres primeros meses del año un total de 397 despidos de trabajadores. Durante todo 2010 llevaron a cabo el cese de 1.499 empleados, el doble que en 2007.
