La Guardia Civil ha desarticulado tres bandas de ciudadanos rumanos especializadas en el robo de cabinas telefónicas. En la operación, iniciada a mediados de noviembre tras detectarse un incremento de estos delitos en diversas zonas de la región, han sido detenidas siete personas y se han recuperado 2.175 en monedas, producto, al parecer, de los robos. A los detenidos se les acusa de forzar los cajetines de los teléfonos públicos en, al menos, 16 localidades extremeñas, utilizando ganzúas y taladros eléctricos para sustraer la recaudación.
La primera de las bandas fue desarticulada en Badajoz el pasado día 20, cuando la Guardia Civil culminó una investigación iniciada tras denunciarse robos en cabinas en las poblaciones de Don Benito, Santa Amalia, Ruecas, Mérida, Mirandilla y El Carrascalejo.
Horas después, y como resultado de las informaciones obtenidas por testigos presenciales, entre ellas el hecho de que los supuestos ladrones,-- uno hombre y una mujer de origen rumano--, se desplazaban en un coche marca Volkswagen pequeño, un control de la Guardia Civil interceptó en la N-630, a la altura de Alcuéscar, un Golf de color granate donde viajaba la pareja.
DETENCION EN CACERES
La segunda de las bandas de esta red fue capturada el mismo día en Cáceres, cuando se sorprendió a dos rumanos intentando forzar una cabina situada en la calle Primo de Rivera de la capital cacereña.
Por último, el día 28 la Guardia Civil sorprendió a tres rumanos de 20 años que estaban robando la recaudación de un teléfono público en San Pedro de Mérida, para lo cuál habían forzado el cajetín con un taladro eléctrico.
Esta tercera banda se desplazaba en un Volkswagen Passat, y se les acusa, además del hecho que dio lugar a su captura, de forzar las cabinas en las localidades cacereñas de Navalmoral de la Mata, Plasencia, Talayuela y Mohedas de Granadilla, y en las pacenses de Gargáligas, Trujillanos y San Pedro.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el robo en cabinas es un delito cada vez más frecuente, y se calcula que a nivel nacional ya ha causado pérdidas a las empresas propietarias de los teléfonos públicos de más de 14 millones de euros, además de los daños que se ocasionan al forzar los cajetines.
Los cálculos realizados indican que cada uno de los integrantes de estas bandas puede recaudar al mes en torno a 6.000 euros, lo que convierte este delito en un negocio rentable y de poco riesgo, ya que los autores desaparecen rápidamente.
Más información:
