Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), propiedad de la familia Ruiz-Mateos, presenta un desfase patrimonial de cerca de 68 millones de euros, al tener un pasivo de aproximadamente 245 millones de euros, frente a activos valorados en unos 178 millones de euros, informaron fuentes de la administración concursal.
Los administradores presentaron ayer el informe concursal ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz, que tramita el concurso de acreedores de la empresa fabricante de marcas como Apis y Fruco, sociedad a través de la que Nueva Rumasa lanzó la primera emisión de pagarés corporativos en febrero de 2009.
La situación patrimonial que refleja el informe contrasta con la declaración de la familia Ruiz-Mateos al solicitar el concurso, donde se reflejaba un pasivo superior a 100 millones de euros y activos valorados en alrededor de 120 millones de euros. Los gestores de Nueva Rumasa fueron apartados de la gestión por la juez.
Los mayores acreedores de Carcesa son entidades financieras, como el Banco Santander, aunque la compañía tiene alrededor de 1.500 acreedores. De las emisiones de pagarés, tiene actualmente alrededor de 17 millones de euros pendientes de pago, mientras que el resto del pasivo corresponde a deuda financiera y con otras empresas del grupo.
"En todas las empresas de Nueva Rumasa hay una característica común de descapitalización y de distorsión del negocio", señalaron las mismas fuentes, que consideraron que la administración concursal ejercerá la acción social de responsabilidad contra la familia Ruiz-Mateos.
Los administradores han acordado con el comité de empresa de Carcesa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a unos 94 trabajadores, de una plantilla que unos 300 trabajadores, informaron fuentes sindicales.
En concreto, se aplicará una extinción de contratos para 31 empleados fijos, mientras que 63 fijos-discontinuos tienen la opción de optar entre acogerse a un ERE de extinción o a un ERE temporal de seis meses de duración.
Desde la administración concursal destacaron que la compañía está "funcionando", con una producción en las plantas de en torno al 60%, y recalcaron que la empresa "se venderá, porque es la única forma que tiene de ser viable".
El pasado mes de mayo la empresa pública Extremadura Avante y las cooperativas Acopaex y Tomates del Guadiana, a través de la Sociedad Gestora de Industrias Agroalimentarias, firmaron con la administración concursal de Carcesa un contrato de arrendamiento de gestión con opción a compra, con el fin de evitar la liquidación de la compañía.
