Primero fueron las entidades bancarias y en un futuro próximo serán las farmacias. La pérdida de población y las continuas bajadas de precios de los medicamentos están amenzando el futuro de unas 200 boticas rurales de Extremadura. Todas se ubican en pueblos de menos de mil habitantes y medio centenar de ellas ya reciben de la Junta una subvención mensual de 833 euros para poder subsistir. Tamurejo ha sido el último pueblo en quedarse sin farmacia: desde que en 2017 cerrara la única que había, un botiquín de Baterno se desplaza los días que hay consulta médica a este municipio pacense para facilitar la compra de medicamentos a sus 215 vecinos. Pero en Baterno tampoco están mucho mejor, pues los habitantes censados en 2018 no llegaban a los 300.

«Es una realidad a la que asistimos con pocas posibilidades, un proceso que va a más: el nivel de adscripción en estas farmacias es mínimo y ya tampoco dan los precios», explica el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Extremadura, Cecilio Venegas. La situación es tal, asegura, que hoy día para un farmacéutico es más rentable irse a trabajar de adjunto a una farmacia urbana que gestionar la suya propia en un pueblo. «Se palpa el desencanto de los profesionales que oyen doblar las campanas de los pueblos», reconoce Venegas.

La Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) ha sido la última en dar la voz de alarma. Según un estudio elaborado por este colectivo, actualmente peligra la existencia de casi 4.500 farmacias en España, especialmente en Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. En lo que va de año 20 boticas rurales han cerrado sus puertas en el conjunto del país y se estima que en los próximos 10 habrán desaparecido todas las que están en pueblos de menos de mil habitantes. Las causas: baja rentabilidad, la falta de alicientes y la «esclavitud» que viven muchos de estos profesionales por las guardias excesivas al ser un servicio esencial.

Según Venegas, la última farmacia en cerrar en Extremadura ha sido la de Tamurejo, pero no descarta que un futuro próximo otras comiencen a echar el cierre, especialmente en la provincia de Cáceres y su zona norte.

AYUDAS PÚBLICAS / Los datos facilitados por el Colegio de Farmacéuticos apuntan que en la región hay actualmente 680 boticas. Más de la mitad, unas 400, se ubican en el ámbito rural y de estas el 40% (unas 120 en Cáceres y 80 en Badajoz) están en municipios de menos de mil habitantes. Estas son las que tienen más riesgo de desaparecer y de hecho, 39 ya reciben ayudas de la Junta para poder subsistir. Se trata de las denominadas farmacias VEC (Viabilidad Económica Comprometida), una catalogación que tienen aquellas cuya facturación por dispensación de recetas es inferior a los 12.500 euros mensuales o 200.000 al año. En España hay 858 farmacias en esa situación, de ellas 33 en la región.

La subvención que reciben las farmacias VEC es una ayuda que puso en marcha el Gobierno central en el año 2008 y aunque se reformó en 2011, desde Sefar la critican por considerarla insuficiente. Este colectivo alega que la escala de compensaciones ni tan siquiera es anualmente actualizada en función de las variaciones del IPC. En su denuncia se basan en los costes básicos fijos mensuales que acarrea para el titular de una farmacia abrir su negocio, una cantidad que esta sociedad sitúa en 1.230 euros mensuales. Sea como fuere, lo cierto es que muchos de los pueblos de la región están condenados sí o sí a quedarse sin farmacia en un futuro, pues según recuerda Venegas, la ley actual dice que cuando se produzca un cierre en un pueblo de menos de 400 habitantes, no se podrá abrir una nueva farmacia, sino que se pondrá en marcha un botiquín.