María del Mar Calvo es algo más que la farmacéutica de la pequeña localidad pacense de Aljucén. Es parte de la familia de este pueblo. Lleva 22 años atendiendo a sus vecinos, pero teme que puede dejar de hacerlo en breve. La normativa que obliga a dispensar los medicamentos por principio activo, más baratos, supondrá "reducir beneficios con los mismos costes fijos, con lo cual es prácticamente imposible, no ya conseguir un sueldo digno y equiparable a mi condición de titulada superior, si no para cubrir gastos", señala. Es por ello que si la Administración regional no le facilita ayudas económicas cree que en un 80% de posibilidades "me veré obligada al cierre".

Cada día suele atender a "seis o siete personas de media", con lo que hablar de holgura económica le resulta una utopía, ya que "los ingresos obtenidos después de deducir gastos, en ningun caso puede asimilarse al sueldo que un titulado superior puede tener en empresas privadas o públicas". Por eso se hace más necesaria esa subvención en su caso. Esa cuantía podría suponer en torno a los 800 euros, cantidad que "si no suficiente, si por lo menos sería una compensación económica e incluso moral para continuar mi labor".

Esta farmacéutica se muestra partidaria de dispensar medicamentos genéricos, y esa medida puede ser precisamente la que le haga abandonar su trabajo en este pueblo. "La situación la veo comprometida, y si la ayuda pública no llegase, muy posiblemente y muy a mi pesar me vería obligada al cierre, ya que en la actualidad difícilmente cubro gastos". Además, en su caso, asegura que más que un problema económico, se trata de una cuestión "más vocacional el interés por mantenerla abierta".