Una persona ha sido detenida en Badajoz en el marco de la operación policial relacionada con el amaño de contratos públicos para la extinción de incendios, han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno de Extremadura.

Esta persona, cuya identidad no ha sido revelada, ha sido arrestada en relación a presuntas alteraciones en el precio en subastas judiciales.

Su detención se ha producido durante un registro practicado en la capital pacense por efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Más de veinte personas han sido detenidas en esta operación, que se ha desarrollado en seis comunidades, entre ellas Extremadura, relacionada con el amaño de contratos públicos para la extinción de incendios que coordina un juzgado valenciano.

El dispositivo establecido a raíz de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, en las que se encuentra investigado el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller del PP Serafín Castellano, se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en el transcurso del mismo ha resultado detenido también un alto cargo de la Generalitat de Cataluña, y ninguno de los apresados ha pasado a disposición judicial.

Esta operación se enmarca en el proceso abierto por un presunto amaño de contratos públicos -tanto en España como en Italia y Portugal- relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

En estas diligencias está investigado (denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre otros, Serafín Castellano por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como conseller de Justicia de la Generalitat durante el mandato del PP.

El Cuerpo Nacional de Policía ha practicado 20 registros en empresas y viviendas y la causa, que se ha decretado secreta, está abierta por los supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

Los contratos sospechosos se habrían firmado con la empresa valenciana Avialsa, que ya fue objeto de una investigación por parte de un juzgado de Sagunto.

En Cataluña, los agentes han registrado el edificio de los bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los bomberos en Bellaterra.