El pago de la deuda histórica, previsto en la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, se ha convertido en un escollo que retrasa la tramitación de la nueva norma extremeña en el Congreso. Esta situación hace ya prácticamente imposible que la reforma se debata en el Senado antes de julio, con lo que la Cámara Alta tendría que debatirla después del verano y el nuevo Estatuto no estaría en vigor el Día de Extremadura, que se celebra el 8 de septiembre, como inicialmente estaba previsto.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, PSOE y PP tienen prácticamente ultimado un pequeño paquete de enmiendas al texto, casi todas de carácter técnico, y que no modifican en lo sustancial la propuesta aprobada por la Asamblea de Extremadura el pasado mes de septiembre, también con el consenso de los dos grandes partidos.
Tanto socialistas como 'populares' tienen intención de presentar estas enmiendas conjuntamente, lo que agilizaría la tramitación de la reforma. El calendario inicial era remitir la norma al Senado este mismo mes para que la Cámara Alta tuviera tiempo de estudiarla en ponencia y comisión en este periodo de sesiones, aunque la aprobación definitiva por el Pleno tuviera lugar en una de las dos sesiones plenarias que el Senado celebrará en julio.
Sin embargo, los escollos han surgido al analizar las disposiciones adicionales primera y segunda del Estatuto, que prevén el pago de la deuda histórica extremeña y las inversiones complementarias anuales, vía Presupuestos Generales del Estado, que habrían de realizarse en la región para lograr su convergencia con el resto de España y que tendrían que ser equivalentes al uno por ciento del Producto Interior Bruto regional.
El Gobierno, que confía en que el tema se resuelva bien, ha quedado en ofrecer una propuesta, pero desde el PP esperan que, en cualquier caso, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el líder del PP en la región, José Antonio Monago, se reúnan para tratar unificar un discurso y el tema llegue cerrado al Congreso.
El objetivo es evitar que se reproduzca lo que ocurrió con el Estatuto de Castilla-La Mancha, que llegó pactado desde el Parlamento regional, pero al final tuvo que ser retirado por la incapacidad de socialistas y 'populares' de consensuar en el Congreso las enmiendas relativas al trasvase Tajo-Segura.
Plazo de las enmiendas
Así las cosas, se da por hecho que el plazo para la presentación de enmiendas parciales se amplíe el próximo martes una semana más, hasta 22 de junio. Si para esa fecha ya hubiera un acuerdo sobre la deuda antes de fin de mes, la reforma podría estudiarse en ponencia y comisión y ser enviada al Senado, que ya no podría empezar a debatirla hasta septiembre.
En concreto, la redacción original de la disposición adicional primera del texto extremeño establece que el Estado consignará unas asignaciones extraordinarias de inversión, vía Presupuestos Generales del Estado, para compensar la pérdida de oportunidades e igualar la situación de los servicios en Extremadura con el nivel medio español.
Esta compensación deberá realizarse mientras la desigualdad en las dotaciones iniciales de capital público de Extremadura frente al conjunto del Estado y las circunstancias socioeconómicas históricas impidan la equiparación del bienestar de los extremeños con el conjunto de los españoles en términos de acceso a las infraestructuras y servicios públicos.
El importe total de tales asignaciones habrían de ser calculados en un año por una Comisión Mixta, teniendo en cuenta la proporción de la extensión territorial de la región respecto de la del conjunto del país, y ser transferidas a la hacienda regional en el plazo de otros tres años, "con la distribución que se acuerde en dicha comisión para cada ejercicio y sin perjuicio de la posibilidad de abonar anticipos a cuenta".
En paralelo, la disposición adicional segunda prevé que, con objeto de acelerar el proceso de convergencia de la región con el conjunto nacional y en tanto el producto interior bruto por habitante de Extremadura se equipare con el nacional, el Estado realizará inversiones complementarias por el equivalente al uno por ciento del Producto Interior Bruto regional.
El pasado mes de abril, Monago ya advirtió de que pedirá la retirada de la reforma de las Cortes si durante el trámite parlamentario se pretenden recortar o modificar cuestiones como la deuda histórica o las inversiones complementarias. "Si se quiere recortar lo que ha emanado de la representación del pueblo extremeño, ese toro, hablando en términos taurinos, hay que devolverlo al chiquero", avisó en una entrevista concedida a Europa Press.
El líder del PP extremeño dijo estar dispuesto a "aceptar matices, cuestiones de estilo o puntualizaciones en algo que se haya podido pasar", pero dejó claro que "en ningún caso" aceptará cambios en aspectos "fundamentales" como los dos citados.
