Una de las medidas estrella del Gobierno para hacer frente a la crisis, la de posibilitar a los parados aplazar parte del pago de la hipoteca, está encontrando en las entidades financieras un obstáculo para que los ciudadanos se puedan beneficiar de esta ayuda. Los bancos y cajas se están adheriendo lentamente a este plan, aunque en Extremadura ya hay dieciséis, la mayoría con pocas oficinas en la región, que ofrecen a sus clientes acogerse a esta posibilidad. Ni Caja de Extremadura ni Caja Badajoz están entre ellas.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en noviembre la creación de una línea de ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que permitirá a los desempleados aplazar, durante los dos próximos años, el pago del 50% de la cuota mensual de la hipoteca. Hoy, un mes después de su implantación, algunas de las grandes entidades financieras no facilitan todavía esta moratoria para pagar las letras del piso.
De las 56 cajas y bancos españoles adscritos ya a esta línea de ayudas del ICO, dieciséis tienen presencia en Extremadura. La mayoría poseen una red de oficinas pequeña o incluso casi testimonial, como Cajasol (14 oficinas), Caixa Galicia (5), Banco Pastor (5), Caja Mediterráneo (5), Bancaja (4), Unicaja (3), Banco de Sabadell (3), Banco Guipuzcoano (2) y Caixanova (1). Y a ellas se suman entidades más grandes, como BBVA (62 oficinas), La Caixa (86), Caja Madrid (21) o Caixa Geral (37) y las extremeñas Banca Pueyo y Caja Rural de Extremadura. "Pretendemos prestar el mejor servicio a nuestros clientes y esto es lo que nos ha movido a firmar esta clase de convenios", explica José Díaz Moraga, jefe de Riesgos de Banca Pueyo, donde todavía no han recibido ninguna solicitud ciudadana.
Ni el Banco Santander ni Banesto, ni Caja Duero, entidades con una amplia red de oficinas y clientes en la región han suscrito el acuerdo con el ICO, según la información facilitada hasta ayer por este organismo público. Tampoco Caja Extremadura y Caja Badajoz. "Aún no estamos en la lista, pero estamos en trámites de adhesión y, sin duda, estamos interesados en esta medida" , aseguran desde la primera, mientras que en Caja Badajoz, aunque este diario ha solicitado la información, no han aclarado cuáles son sus intenciones.
COMPLEJIDAD TECNICA Desde la banca española, fuentes consultadas por Europa Press destacan la "complejidad técnica" que supone esta medida, lo que ha retrasado su puesta en marcha. Además, defendieron que son las entidades y no el Estado quienes asumen la mayor parte del riesgo de estas operaciones. Por su parte, en el ICO admiten que el proceso de tramitación "conlleva cierto tiempo".
Las previsiones del Gobierno son que medio millón de familias pueden beneficiarse de este plan. Para ello los interesados deben acudir a la entidad financiera con la que tengan suscrita la hipoteca y solicitar esta línea de ayudas teniendo en cuenta que está dirigida a personas que hayan sido despedidas y lleven o vayan a estar más de tres meses en paro; a trabajadores por cuenta propia con ingresos tres veces inferiores al importe mensual del IPREM; y a pensionistas de viudedad si el fallecimiento ha sido posterior al 1 de septiembre del 2008. La cantidad mensual a aplazar no puede superar los 500 euros y la hipoteca debe haberse suscrito antes de septiembre.
Esas cantidades aplazadas --durante un máximo de 24 meses--, se compensarán y tendrán que ser abonadas a partir del 2011 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten de la hipoteca.
