Participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), avanzar hacia la elección directa de las corporaciones provinciales y que sean estas administraciones las que gestionen los fondos de la UE contra la despoblación. Estas son algunas de las cuestiones que se recogen en la declaración institucional que ayer aprobaron los representantes de las 24 diputaciones provinciales españolas que se han reunido estos días en Badajoz con motivo de la II Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales.
El documento fue presentado ayer por la tarde por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, anfitrión de la conferencia, y por el presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, que toma el relevo y será sede de la próxima edición, que se celebrará en 2017. En la declaración se destaca que los gobiernos intermedios son las instituciones públicas más adecuadas para la vertebración y cohesión territorial, ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y prestar más y mejores servicios. También se indica que, en el actual marco tendente a una reforma constitucional, el funcionamiento, representación y régimen de financiación de las diputaciones deberá estar condicionado por «criterios constitucionales de justicia social, vertebración del territorio e igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano», informa EFE.
En este sentido, se recuerda lo dispuesto en los artículos 137 y 141.2 de la Carta Magna, que ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional (TC) en el sentido de que las instituciones provinciales «constituyen o tienen a su cargo componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales». En la presentación de la declaración, se destacó igualmente que los gobiernos provinciales suponen un gasto público «eficiente y necesario», recordando que son instituciones «saneadas», que «cumplen los plazos de pagos a proveedores y contratistas, con una media de 30 días o menos».
BAJA DEUDA / Además, se señala, su deuda solo representa el 8% del total de las entidades locales y un 0,3% del PIB nacional; y destinan a su funcionamiento un porcentaje inferior al de otras administraciones públicas.
Las diputaciones provinciales apuestan por su modernización y la de la administración pública española con el objetivo de mejorar el desarrollo de sus competencias, prioridades y optimización en la gestión de los recursos, presupuesto y empleo público.
Entienden también que «no solo es legal, sino socialmente necesario, fomentar la concurrencia competitiva, singularmente en la actividad contractual y la de fomento».
Otro de los ejes de la declaración es el de la financiación y, a este respecto, los representantes reunidos en Badajoz han apostado por un nuevo marco de financiación no solo para las provincias, sino también para los municipios. Estos, a su juicio, «no deben seguir siendo los sacrificados a la hora de adoptar las medidas necesarias, como consecuencia del cumplimiento de las exigencias de la UE a España».
