Organismos que facilitan la igualdad entre los municipios, sea cual sea su tamaño, o instituciones decimonónicas que han quedado obsoletas en el actual estado de las autonomías. ¿Un instrumento fundamental para desarrollar políticas económicas y construir infraestructuras o agencias de colocación para el partido político de turno? El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido esta semana "replantear" el papel que juegan las diputaciones provinciales en España. "Sobran", llegó a decir, volviendo a abrir así el debate sobre hasta qué punto son necesarias a día de hoy unas administraciones públicas con dos siglos de existencia en España.
Los presidentes de las dos diputaciones provinciales extremeñas, de distinto signo político, respondieron ayer a las palabras de Rubalcaba y salieron en defensa de la labor que desempeñan estas instituciones. Para Laureano León, del PP, que preside la de Cáceres, las declaraciones del candidato socialista son "desafortunadas" ya que, argumentó, las diputaciones "cumplen un papel esencial para que los municipios puedan prestar servicios en condiciones óptimas y para que puedan desarrollar sus competencias". León resalto que entre los servicios que prestan estas instituciones están asesorar a los ayuntamientos y defenderlos ante los tribunales, recaudar impuestos o arreglar carreteras. Además, aseguró que contribuyen a "producir un ahorro" y "optimizar los recursos" de los ayuntamientos.
Laureano León arremetió contra la Ley de Mancomunidades, que impulso el Gobierno extremeño durante la anterior legislatura. La calificó como "un auténtico despropósito", ya que obliga a los municipios a organizarse en mancomunidades, dando "categoría funcionarial a sus trabajadores Con esta normativa, afirmó el presidente de la diputación cacereña, "el anterior Gobierno socialista en Extremadura creó una quinta administración con una nueva burocracia y mayor gasto público". "Desde el Partido Popular apostamos claramente por las diputaciones", remachó León, quien, eso sí, se mostró de acuerdo con la necesidad de un estudio "profundo" del futuro "no solo de la diputación, sino de todas las demás instituciones públicas".
Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, el socialista Valentín Cortés, incidió ayer en que el debate no debe centrarse en la disyuntiva "diputaciones sí o diputaciones no", sino en la pregunta "diputaciones, ¿para qué?", porque en su caso tiene claro que hay diputaciones, como la de Badajoz, que están prestando un servicio fundamental y necesario para los pequeños y medianos municipios de la provincia y que pueden servir de ejemplo.
Cortés agregó que él no ha escuchado decir a Rubalcaba que las diputaciones sobran sino que hay que reestructurarlas y, en este sentido, defiende que no existe un único modelo de funcionamiento, pues habrá diputaciones que están prestando servicios necesarios y otras que se han convertido en administraciones "clientelares" utilizadas para escalar políticamente. El presidente de la institución provincial pacense cree que las diputaciones contribuyen a dar un valor añadido a los recursos cuando los invierten en los municipios.
RESPUESTA DESIGUAL EN EL PSOE A nivel nacional, la propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba ha obtenido una respuesta desigual entre las fuerzas políticas e incluso dentro de las propias filas socialistas, informa Efe. La idea de Rubalcaba ha sido respaldada desde la dirección federal del PSOE por boca del vicesecretario general, José Blanco, también ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, quien se ha manifestado "claramente" a favor de la supresión de estas instituciones "obsoletas". A su juicio, las funciones que ejercen las diputaciones podrían ofrecerse mejor desde las comunidades autónomas o con servicios mancomunados por los propios ayuntamientos. Blanco recordó que la supresión no afectaría a las diputaciones del País Vasco y Navarra, porque son forales.
La directora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, coincidió con su compañero de partido en el mensaje de que las funciones de las diputaciones provinciales pueden ser asumidas por otras administraciones. El expresidente del Congreso Gregorio Peces Barba, que es uno de los padres de la Constitución, también respaldó suprimir las diputaciones o, al menos, revisar su papel, porque, a su juicio, "basta" con una "administración local". Por contra, uno de los políticos que más claramente defendió ayer el mantenimiento de las diputaciones provinciales fue el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en cuya opinión "son buenos instrumentos de aprovisionamiento de servicios a municipios que de otra manera no los tendrían". No obstante, Griñán admitió que "es posible también que deban cambiar alguna función que desarrollan ahora mismo".
Desde el PP, su portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, recordó ayer que hace más de un año que Mariano Rajoy habló de la necesidad de reorganizar la Administración pública "como fuente de ahorro". A su juicio, las diputaciones hay que insertarlas "en un modelo de desarrollo de competencias y de mejor organización para el conjunto de los servicios que reciben los ayuntamientos".
