Un certificado expedido por parte del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) para acreditar que la deuda el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del propietario de una vivienda está en proceso de pago ayudará al deudor hipotecario a renegociar este préstamo con la entidad financiera. Las deudas en el pago del IBI son uno de los requisitos imprescindibles para reestructurar la deuda y los certificados que emitirán los organismos dependientes de las diputaciones harán constar que existe un compromiso de pago y que se va a cumplir a través del pago fraccionado, por ejemplo.
Esta es una de las principales novedades que contempla el convenio para la reestructuración de la deuda hipotecaria que ayer firmaron en Mérida el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, y los presidentes de la Diputación de Cáceres y de Badajoz, Charo Cordero y Miguel Ángel Gallardo.
El objetivo de este convenio es contribuir a frenar el riesgo de desahucio trabajando para ayudar a aquellas familias que no pueden renegociar sus hipotecas, según informa la Junta, que también prestará asesoramiento a las familias que lo necesiten para afrontar la renegociación de la hipoteca.
Esta medida se une a otras tomadas en materia de vivienda como la gestión del parque público de vivienda social, el protocolo de desahucios firmado con las plataformas que luchan contra ellos, el observatorio de la vivienda, el servicio de intermediación bancaria, la mesas de trabajo con las entidades financieras, la Ley de Emergencia Social de Vivienda y la Política de incentivos para recuperar al sector de la construcción. H
